Mexicali, 25 de marzo de 2026.- Un juez de control vinculó a proceso al exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, por su presunta responsabilidad en el contrato firmado con la empresa Next Energy para la construcción de una planta fotovoltaica que nunca se materializó. La decisión fue emitida tras una audiencia que se extendió desde la mañana del 23 de marzo hasta la madrugada del 24 de marzo, en la que la defensa y la Fiscalía General del Estado presentaron sus argumentos sobre el uso ilícito de facultades y el daño al erario.
El magistrado Gerardo Anguiano Ceja, titular del juzgado que conoció del caso, determinó que existen elementos suficientes para someter a Bonilla a proceso penal. El exmandatario, quien actualmente funge como dirigente del Partido del Trabajo (PT), enfrentará una investigación con un plazo de seis meses. Durante la audiencia, sus defensores, Humberto Velazco e Hiram Sánchez, sostuvieron que el delito de uso ilícito de facultades no era aplicable, argumentando que el proyecto se trató de un contrato plurianual para la adquisición de un servicio y no de una adquisición de crédito fiscal.
La controversia central gira en torno a un contrato por 4,500 millones de pesos con una vigencia de 30 años, destinado a dotar de energía al acueducto Río Colorado-Tijuana. Según los datos presentados en el proceso, el acuerdo contemplaba un pago mensual de aproximadamente 123 millones de pesos. La línea de tiempo de los pagos se convirtió en un punto clave de la discusión legal; mientras la acusación señala responsabilidades durante el mandato, la defensa destacó que los desembolsos de 123 millones de pesos se efectuaron entre el 20 de enero y el 11 de febrero de 2022, periodo posterior a la entrega de la administración por parte de Bonilla en octubre de 2021.
El caso ha exacerbado el conflicto político entre el exgobernador y la actual gobernadora del estado, Marina del Pilar Ávila, de Morena. Bonilla se ha convertido en el primer exgobernador surgido de las filas morenistas en ser acusado abiertamente de corrupción en el estado fronterizo. La planta de energía, objeto del contrato cuestionado, debía ubicarse en el Valle de Mexicali, pero las obras jamás iniciaron, dejando al proyecto como un gasto sin retorno para las arcas públicas.
Con la vinculación a proceso formalizada, Jaime Bonilla queda sujeto a las medidas cautelares que determine la autoridad judicial mientras se desentraña la red de responsabilidades en el acuerdo con Next Energy. La Fiscalía continuará su labor de investigación durante el próximo semestre para determinar la profundidad del daño económico y la participación de otros actores en la firma del convenio que mantiene en tensión a la clase política de Baja California.