Ciudad De México, 25 de marzo de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció el envío al Senado de la República de una iniciativa de Ley General para prevenir, investigar, sancionar y reparar el delito de feminicidio, con el objetivo de homologar el tipo penal en todo el país y acabar con la impunidad en estos crímenes. El anuncio se realizó durante la conferencia matutina desde Palacio Nacional, acompañada por la fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos.
La mandataria explicó que la propuesta busca que todas las fiscalías del país cuenten con una ley que permita erradicar el feminicidio y desarrollar políticas para prevenirlo. “El objetivo es erradicar el feminicidio en México, que ninguna mujer muera en manos de nadie por el solo hecho de ser mujer y que nunca más un feminicidio sea catalogado como suicidio, culpando a la propia mujer de una muerte violenta”, puntualizó Sheinbaum en la conferencia “Las mañaneras del pueblo”.
La fiscal general de la República detalló que para atender la violencia feminicida se requiere una reforma al inciso A de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución, lo que facultará al Congreso de la Unión para expedir la Ley y que este delito se clasifique como tipo penal homologado. El proyecto fue construido junto con la Secretaría de las Mujeres y busca enfrentar una problemática que exige respuestas estructurales.
La iniciativa reconoce nueve razones de género para configurar el feminicidio, tales como signos de violencia sexual, antecedentes de violencias, delito motivado por estereotipos o prejuicios, y la existencia de relaciones de poder. También se consideran situaciones como incomunicación o exposición del cuerpo de la víctima, ataques motivados por prejuicios y contextos de asimetría de poder.
En materia de sanciones, la propuesta establece una pena de 40 a 70 años de prisión para quienes cometan este delito. Además, se sanciona la tentativa con pena de prisión de entre la mitad y las dos terceras partes, además de una multa de mil a dos mil UMAS. El delito será perseguido de oficio, será imprescriptible y el responsable perderá la patria potestad, tutela y derechos sucesorios respecto a las víctimas.
La ley contempla 21 agravantes que incrementan la condena. Entre ellas destacan: que la víctima sea niña, adolescente, adulta mayor o que viva con alguna discapacidad; que se encuentre en situación de movilidad; que el delito se cometa frente a hijas o hijos; o que sea miembro de los pueblos originarios o afrodescendientes. También se consideran agravantes si la víctima es periodista, defensora de derechos humanos o migrante, o si el acusado es un servidor público.
El anuncio se da en un contexto de 54 feminicidios registrados en México en lo que va de 2026, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Los estados con mayor concentración son Sinaloa con 8 casos, Ciudad de México con 5, Estado de México con 4 y Tamaulipas con 4 registros. La iniciativa busca que toda muerte violenta de una mujer sea investigada desde el primer momento bajo la hipótesis de feminicidio, con perspectiva de género obligatoria.
Ricardo Monreal, coordinador de Morena en San Lázaro, mostró su apoyo a la iniciativa y aseguró que ya había conversado con la Presidenta sobre su intención de enviarla, confirmando que la bancada de Morena la respaldará sin duda. Sheinbaum destacó que por tratarse de una ley general, esta también deberá aprobarse en cada uno de los Congresos estatales del país una vez que sea aprobada por el Congreso federal.
La fiscal general subrayó que el combate a este delito demanda la reconfiguración y maximización de acciones de fiscalías y procuradurías, así como de diversos actores institucionales y sociales. Godoy afirmó que hablar de feminicidios no solo es hablar de cifras o de normas jurídicas, sino de vidas que fueron arrebatadas y de una deuda histórica en materia de investigación y acceso a la justicia a las mujeres y familias víctimas de este flagelo social.