Por Redacción
Ciudad De México, 20 de marzo de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo defendió la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que absolvió a Pío López Obrador de los delitos electorales imputados tras la difusión de videos donde aparece recibiendo dinero en sobres amarillos. Durante su conferencia matutina, la mandataria señaló que el organismo electoral ya determinó que no se cometió ningún ilícito y destacó que dicha institución cuenta con mecanismos propios para revisar posibles violaciones a las leyes.
“Pues ya dijo el Tribunal Electoral que no cometió ningún delito”, afirmó Sheinbaum al ser cuestionada sobre el caso. La presidenta añadió que es necesario analizar los argumentos en los que se basó el tribunal para emitir su resolución, reiterando el respeto a la autonomía de los órganos electorales para dirimir controversias de esta naturaleza.
La controversia se originó a partir de materiales grabados en 2020 por David León y dados a conocer por el periodista Carlos Loret de Mola a través del medio LatinUS. En dichos videos, Pío López Obrador es mostrado recibiendo efectivo, situación que derivó en acusaciones de violación a la normativa electoral. Según antecedentes reportados, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador había indicado que los recursos eran destinados al partido Morena.
En respuesta a la absolución, Carlos Loret de Mola calificó la decisión como una “venganza del régimen” y denunció que las instituciones del Estado se han alineado para exonerar al implicado. El periodista expresó su preocupación por los riesgos a su seguridad y confirmó que ha iniciado acciones legales contra LatinUS y contra sí mismo, presentando demandas por daño a la imagen por un monto de 200 millones de pesos cada una.
Medios de comunicación como López-Dóriga Digital han cuestionado la validez de la sentencia, describiendo al organismo resolutor como un “tribunal constitucional a la medida” que absolvió algo que, en los hechos, consideraban inabsolvible. Esta postura contrasta con la línea oficial del gobierno federal, que mantiene que la legalidad del proceso fue garantizada por la autoridad competente.
El caso ha reavivado el debate sobre la transparencia en el financiamiento político y la independencia de los órganos judiciales en México. Mientras la administración de Sheinbaum cierra el tema avalando la sentencia del TEPJF, la contraparte periodística mantiene su postura de que existió una manipulación institucional para proteger a los involucrados en la recepción de los fondos.