Por Monserrat Californias
El Senado de la República aprobó este 28 de junio la reforma conocida como “Ley Censura”, al avalar la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión con 77 votos a favor y 30 en contra en lo general, y luego en lo particular, incluida la suspensión precautoria de transmisiones.
El dictamen fue turnado a la Cámara de Diputados para su estudio, generando preocupación en sectores de la oposición por posibles restricciones a la libertad de expresión.
La reforma implica la desaparición del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) para ser reemplazado por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), una secretaría de Estado con una Comisión Reguladora desconcentrada de cinco comisionados. Las telecomunicaciones y la radiodifusión se reconocen como servicios públicos esenciales, con un enfoque multicultural y de derechos humanos.
Un tema sensible fue la ampliación de causas para suspender transmisiones de radio y televisión, lo que generó críticas por parte del PRI y el PAN como atentado a la libertad de expresión y el derecho a la información. Diputados del PAN advirtieron: “Esta legislación representa un retroceso para la democracia”, mientras la UAM Xochimilco aclaró que la suspensión no es nueva, sino una regulación vigente desde 2014.
Originalmente, el dictamen incluía el polémico artículo 109 para bloquear plataformas digitales sin orden judicial, lo que provocó el rechazo generalizado. Ante la presión, la presidenta Claudia Sheinbaum ordenó su remoción, y finalmente se suprimió esa facultad, así como la autorización para controlar propaganda extranjera.
Quienes respaldan la reforma destacan que fortalecerá medios comunitarios, indígenas y públicos, privilegiando el acceso universal a servicios digitales, especialmente en zonas marginadas, con esquemas de concesión directa y beneficios fiscales. Sin embargo, críticos alertan que la centralización del control bajo la ATDT y los mecanismos de geolocalización sin orden judicial representan riesgos reales a la privacidad y autonomía institucional