Por Redacción
Iguala, 23 de marzo de 2026.- Nuevas líneas de investigación en el caso de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa han llevado a las autoridades a centrar su atención en la funeraria ‘El Ángel’, ubicada en Iguala, un establecimiento que previamente había sido investigado y desechado por el Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI). Bajo un nuevo esquema de trabajo, la Fiscalía ha retomado este punto como parte de los esfuerzos por esclarecer los hechos ocurridos en 2014.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que los dueños de dicha funeraria han sido detenidos en relación con estas nuevas indagatorias. La mandataria señaló que la investigación se reactiva bajo la dirección del fiscal del caso, Mauricio Pasarán, quien opera dentro de una estructura renovada para abordar las inconsistencias previas. Sheinbaum destacó que se está realizando un análisis telefónico muy riguroso como parte de las pruebas que vinculan al establecimiento con el caso.
En declaraciones oficiales, la jefa del Ejecutivo mencionó que la funeraria operaba de manera ‘muy irregular’, lo cual motiva las actuales acciones legales. Aunque no proporcionó detalles específicos sobre la evidencia concreta que conecta al lugar con la desaparición de los normalistas, hizo énfasis en que la Fiscalía será la institución encargada de dar a conocer los pormenores técnicos para no interferir en el proceso legal en curso.
Respecto a la comunicación con los familiares de las víctimas, Sheinbaum indicó que ya instruyó al subsecretario de Derechos Humanos, Arturo Medina, para que sostenga reuniones con los padres y madres de los estudiantes antes de hacer pública cualquier información adicional. La presidenta expresó su preferencia de que sea la Fiscalía quien explique los hallazgos, manteniendo la reserva necesaria para garantizar el éxito de las diligencias.
Este desarrollo marca un cambio sustancial en la estrategia de búsqueda de verdad, al retomar un elemento que había sido descartado en informes anteriores del GIEI. La reactivación de esta línea de investigación ocurre más de una década después de los hechos y busca dar respuesta a una de las crisis de derechos humanos más graves en la historia reciente de México, donde persiste la incertidumbre sobre el paradero final de los 43 jóvenes.
Las autoridades mantienen la expectativa de que estos nuevos enfoques, sumados a la detención de los propietarios de la funeraria, permitan avanzar hacia la esclarecimiento total del caso. Mientras tanto, se aguarda el informe detallado que el fiscal Mauricio Pasarán deberá presentar para fundamentar las acusaciones y los hallazgos obtenidos bajo este nuevo esquema de investigación.