Asuncion Ixtaltepec, 09 de abril de 2026.- Ernestina Godoy Ramos, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), informó el 8 de abril de 2026 el cierre del litigio penal derivado del descarrilamiento del Tren Interoceanico, ocurrido el 28 de diciembre de 2025 en la comunidad de Nizanda, municipio de Asuncion Ixtaltepec, Oaxaca. El siniestro, registrado a las 09:28 horas, dejó un saldo de 14 personas fallecidas y 98 lesionadas.
La dependencia confirmó que 145 víctimas del accidente optaron por concluir el conflicto mediante justicia alternativa, firmando acuerdos reparatorios que derivaron en la extinción de la acción penal correspondiente. De las personas beneficiadas con la reparación integral, 114 son adultos y 31 son niñas, niños y adolescentes, quienes recibieron la atención “de forma inmediata”. Según la Secretaría de Gobernación (Segob), este proceso implicó no solo una compensación económica, sino también atención médica continua, apoyo psicológico y acompañamiento jurídico.
En cuanto a las responsabilidades penales, los ministerios públicos acreditaron la comisión de los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas con la participación del maquinista, el conductor y el jefe de despacho. Godoy Ramos señaló que las autoridades “acreditaron fehacientemente la comision de los delitos de homicidio y lesiones culposas, con la participacion del maquinista, el conductor y el jefe de despacho”. La FGR concluyó que los fallecimientos y lesiones se derivaron del exceso de velocidad negligente atribuible al maquinista, así como de la omisión del conductor y del jefe de despacho para evitarlo.
El análisis de la “caja negra” de la locomotora reveló que el convoy circulaba a velocidades de hasta 111 kilómetros por hora en tramos rectos donde el límite máximo permitido era de 70 kilómetros por hora. Además, en la curva donde ocurrió el descarrilamiento, el tren transitaba a 65 kilómetros por hora cuando el límite establecido era de 50 kilómetros por hora. Como resultado, se obtuvieron órdenes de aprehensión y de cateo, y la autoridad judicial emitió autos de vinculación a proceso contra los tres operadores. Los detenidos son Felipe de Jesús Díaz Gómez, maquinista capturado el 26 de enero de 2026 en Palenque, Chiapas, y Ricardo Mendoza Cerón, jefe de despachadores, detenido el 27 de enero de 2026.
Por otro lado, la investigación descartó responsabilidades para la empresa operadora, el Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, a cargo de la Secretaría de Marina. Godoy Ramos explicó que el delito de ataques a las vías generales de comunicación se descartó “con los dictamenes periciales en materia de arquitectura e ingenieria civil, asi como con el de seguridad industrial”. Tras una minuciosa inspección, se comprobó que la vía, durmientes, fijaciones y balasto cumplen con la norma. Asimismo, se corroboró que las locomotoras y vagones cumplían con las normas oficiales mexicanas aplicables.
Respecto al delito de daño en bienes, la empresa operadora decidió otorgar el perdón de la parte ofendida, lo que derivó en el descarte de la investigación por ataques a las vías de comunicación. También se descartaron los delitos de uso ilícito de atribuciones y de servicio indebido del servicio público, con base en información proporcionada por la empresa ferroviaria y el análisis de seis auditorías de la Auditoría Superior de la Federación, además de otras seis auditorías y cinco expedientes de investigación de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, sin observaciones penales que denunciar.
Ernestina Godoy Ramos afirmó: “Tengan la certeza de que hemos dispuesto de todas las capacidades institucionales para llegar a la verdad de los hechos, obtener justicia, que se repare el dano y evitar la impunidad”. La Segob detalló que en el proceso de reparación participaron diversas instituciones, incluyendo la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la FGR, la Semar y el Gobierno de Oaxaca, asumiendo el Estado mexicano el hecho “con absoluta responsabilidad”.