Por Monserrat Californias
El proceso legislativo para despenalizar el aborto en Guanajuato enfrenta nuevos obstáculos. A pesar de que la Comisión de Justicia del Congreso local organizó mesas de trabajo con colectivos feministas, grupos provida y autoridades, las discusiones no han avanzado significativamente.
La bancada del PAN ha pospuesto en varias ocasiones el análisis de las iniciativas presentadas por Movimiento Ciudadano, Morena y el Partido Verde, argumentando la necesidad de más información, a pesar de contar con estudios previos solicitados por ellos mismos.
La ausencia de autoridades estatales en las mesas de diálogo ha sido notable. Instituciones clave como el Instituto para las Mujeres Guanajuatenses (IMUG), la Secretaría de Salud (ISAPEG) y la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PRODHEG) no asistieron a las reuniones, enviando únicamente opiniones por escrito.
Esta falta de participación activa fue criticada por legisladoras como Sandra Pedroza Orozco, quien considera que demuestra una falta de compromiso con los derechos de las mujeres.
En las mesas de trabajo, colectivos feministas expusieron casos de mujeres que han enfrentado dificultades para acceder a abortos seguros en el estado. Argumentaron que la penalización obliga a muchas a recurrir a procedimientos clandestinos, poniendo en riesgo su salud y vida. Por otro lado, grupos provida sostuvieron que la legalización del aborto no es una solución y que se debe proteger la vida desde la concepción.
A pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación despenalizó el aborto a nivel federal en 2023, Guanajuato se mantiene como una de las entidades que no ha armonizado su legislación local con esta resolución. Esto ha generado críticas de diversos sectores, que señalan un rezago en materia de derechos humanos y reproductivos en el estado.
Mientras tanto, organizaciones como el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) han logrado avances legales, como un amparo que protege a las mujeres acompañadas por la organización de ser criminalizadas por abortar en Guanajuato. Sin embargo, la falta de voluntad política en el Congreso local continúa siendo un obstáculo para la despenalización total del aborto en la entidad.