Por Redacción:
Ciudad de México, 1 de octubre de 2025. El Senado de la República prevé dictaminar y someter hoy a votación la iniciativa de reformas a la Ley de Amparo enviada por el Ejecutivo federal el 15 de septiembre, después de dos jornadas de audiencias públicas con especialistas y organizaciones. El presidente de la Junta de Coordinación Política, Adán Augusto López Hernández, afirmó la noche del martes que “mañana se va a votar, en comisiones en el transcurso de la mañana y… en la tarde-noche” en el Pleno, y adelantó que se incorporarán “ajustes” trabajados por los senadores Javier Corral Jurado y Enrique Inzunza Cázares a partir de las intervenciones en el Parlamento Abierto. La declaración fue difundida por La Crónica de Hoy.
La ruta parlamentaria de esta semana quedó asentada con el acuerdo del Pleno para realizar audiencias los días 29 y 30 de septiembre —con alrededor de 40 participantes, según la comunicación institucional— y con el anuncio de que, concluido ese ejercicio, las comisiones unidas llevarían el tema a dictamen para su eventual discusión en sesión ordinaria. Estas definiciones constan en los comunicados del Senado y en notas de seguimiento de medios nacionales.
El expediente legislativo identifica como origen del proceso la iniciativa del 15 de septiembre de 2025, turnada a comisiones y publicada en la Gaceta del Senado; a nivel de gobierno, la Presidencia de la República enmarcó este envío dentro de un paquete de leyes secundarias relacionado con la reforma judicial, con el propósito —según su comunicación oficial— de “fortalecer el amparo y garantizar justicia”.
En cuanto al contenido, resúmenes técnicos y el propio articulado señalan cinco ejes centrales: (1) redefinir el interés legítimo para exigir una lesión real, actual y diferenciada respecto de la población; (2) limitar la suspensión del acto reclamado, con especial atención a casos de bloqueo de cuentas (UIF), deuda pública y sistema financiero y órdenes de aprehensión o medidas de prisión, condicionando la suspensión definitiva a acreditar el origen lícito de los recursos en ciertos supuestos; (3) establecer plazos ciertos y ajustes de procedimiento para reducir dilaciones; (4) avanzar hacia un amparo digital opcional con plena validez jurídica; y (5) armonizar la Ley de Amparo con el Código Fiscal de la Federación y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, incluyendo cambios en recursos y ejecución de créditos fiscales. Estos puntos han sido descritos por el portal jurídico Justia y por análisis especializados.
Durante las audiencias y en el debate público se expresaron posturas divergentes. El exministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, hoy coordinador de Política y Gobierno defendió la reforma al sostener que busca hacer más eficiente el juicio de amparo sin restringir su acceso; en contraste, juristas y organizaciones civiles advierten retrocesos al acotar suspensiones y delimitar el interés legítimo, con posibles efectos sobre litigios colectivos, ambientales y fiscales. Estas posiciones quedaron recogidas en coberturas y análisis de prensa nacional.
En la cronología inmediata verificable: el 15 de septiembre ingresó la iniciativa al Senado (Gaceta y comunicación de la Presidencia); el 24 de septiembre, López Hernández anticipó que, “si todo marcha bien”, el Pleno la discutiría y votaría el miércoles 1 de octubre; el 29 y 30 se celebraron las audiencias públicas; y la noche del 30 el propio coordinador legislativo ratificó que hoy se dictaminará y votará con eventuales ajustes derivados de las ponencias.