Por Redacción
Ciudad de Mexico, 16 de marzo de 2026.- Dos expolicías municipales de Tijuana fueron vinculados a proceso por su presunta responsabilidad en la tortura que derivó en la muerte de Carlos Dámaso López, ocurrida en mayo de 2022, mientras que en la comunidad de Santa Fe habitantes recolectan firmas para exigir la construcción de un hospital tras el fallecimiento de un menor por falta de atención médica.
Los agentes identificados como Juan ‘N’ y Abel ‘N’ enfrentan cargos por los delitos de tortura y violación impropia agravada con objeto, relacionados con los hechos del 27 de abril de 2022 cuando, según las investigaciones, sometieron a Carlos Dámaso López a actos de tortura en un establecimiento de Playas de Tijuana que ofrecía servicio de internet y máquinas tragamonedas.
La víctima falleció el 18 de mayo de 2022 como consecuencia de las lesiones sufridas durante la agresión. El caso se mantuvo en proceso judicial hasta que este 15 de marzo de 2026 un juez determinó la vinculación a proceso de los expolicías, quienes quedaron sujetos a medidas cautelares.
Paralelamente, en la comunidad de Santa Fe, Tijuana, habitantes como Guadalupe y Silvia González se manifestaron para exigir la construcción de un hospital que evite más muertes por falta de atención médica. “Necesitamos que nos escuchen, no queremos que sigan muriendo más niños por no tener dónde atenderse”, declaró una de las vecinas durante la recolección de firmas.
La diputada federal Evangelina Moreno se ha pronunciado sobre la necesidad de destinar recursos para servicios de salud en la zona, aunque hasta el momento no se ha dado una respuesta concreta a la demanda ciudadana. Los manifestantes buscan garantizar que ninguna otra familia enfrente la pérdida de un ser querido por la carencia de infraestructura médica adecuada.
Este caso de violencia policial se suma a otros en la región, donde recientemente otro expolicía identificado como Billy ‘N’ recibió una condena de 25 años y 3 meses de prisión por un homicidio separado ocurrido en circunstancias diferentes, lo que refleja los desafíos persistentes en materia de seguridad y derechos humanos en Baja California.