La Paz, 28 de marzo de 2026.- La Fiscalía Anticorrupción de Baja California Sur vinculó a proceso a Fernanda Villarreal González, exdirectora del Instituto de la Vivienda (INVI), por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. La decisión judicial se deriva de una investigación que detectó un esquema de desvío de fondos públicos que involucra a varios exfuncionarios de la dependencia estatal.
De acuerdo con las indagatorias de inteligencia patrimonial y financiera, se identificaron aproximadamente 3,591 operaciones en el sistema financiero mexicano, entre transferencias y pagos electrónicos, cuyo origen provino de cuentas bancarias del INVI. El monto total de estos movimientos asciende a 54 millones 876 mil 222 pesos. A Villarreal se le imputa específicamente la disposición de 762,000 pesos para uso personal durante su gestión.
En el mismo contexto legal fueron señalados Javier Ramírez Manjarrez, exjefe de contabilidad del instituto, quien lleva más de dos años interno en el Centro de Reinserción Social (CERESO) de La Paz sin sentencia por peculado; así como Edy Hassan, socio de Ramírez, y Juan Antonio de Jesús Ramírez, hermano del exfuncionario. También fue vinculado a proceso Juan Manuel Reyes Cervantes, exadministrador del INVI, a quien se le acreditó un desvío de 382,000 pesos.
La investigación periodística revela que Benjamín García Meza, actual director del INVI, estuvo relacionado con el caso al haber autorizado transferencias mientras se realizaban los movimientos irregulares. Sin embargo, la información disponible no detalla el alcance de su responsabilidad legal ni confirma su inclusión formal en la resolución judicial actual contra los otros implicados.
Fuentes consultadas por medios locales indican que, aunque la Contraloría Estatal sugirió que Villarreal y Reyes debieron ser acusados por peculado, la Fiscalía Anticorrupción procedió con la imputación por operaciones con recursos ilícitos. Además, reportes señalan a Villarreal como operadora de Adán Augusto López Hernández durante el proceso interno de Morena entre 2022 y 2023, existiendo testimonios que apuntan a que parte de los recursos habrían sido canalizados hacia actividades políticas, aunque esta línea de investigación continúa abierta.
Los imputados enfrentarán el proceso en libertad bajo medidas cautelares, mientras la autoridad judicial determina el destino final de los recursos y la posible participación de otros actores en la red de corrupción que operó dentro del organismo de vivienda sudcaliforniano.