Badiraguato, 09 de abril de 2026.- Trece elementos del Ejército Mexicano fueron vinculados a proceso por el homicidio de Leidy y Alexa, de 11 y 7 años de edad, así como por la tentativa de homicidio de otros cuatro integrantes de su familia. La resolución fue emitida el 6 de abril por el juez de control Josué Noé Egure Yáñez, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal con sede en Los Mochis, quien determinó procesarlos por los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa.
Los hechos ocurrieron el 6 de mayo de 2025 en la comunidad de La Cieneguilla, Sinaloa. Según lo establecido en la investigación, la familia transitaba en una camioneta con dirección a la escuela cuando un convoy de tres vehículos del Ejército, que circulaba en el carril contrario, abrió fuego en contra del vehículo civil. Fuentes indican que los uniformados dispararon en más de cien ocasiones contra la unidad, provocando que Leidy y Alexa murieran en el acto, mientras que dos adolescentes de 14 y 12 años, junto con dos adultos, sobrevivieron al ataque.
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez detalló que, al percatarse de que el camino estaba bloqueado, la familia retornaba hacia su casa cuando, “sin previo aviso o justificación alguna”, el convoy militar inició el ataque. La organización señaló que “los elementos castrenses cuentan con adiestramiento y formación en el uso de la fuerza y existía una alta previsibilidad del resultado letal que ocasionaría el accionar sus armas en contra de la camioneta en la que transitaba la familia”.
Agentes de la Fiscalía Especial de Investigación y Litigación de Casos Complejos presentaron pruebas que, según el organismo defensor, acreditaban “el uso letal de la fuerza de forma injustificada”, calificando el hecho como una “actuación dolosa”. Por su parte, la familia de las niñas ha denunciado públicamente “el uso ilegítimo y arbitrario de la fuerza” por parte de los soldados.
En un inicio, las autoridades anunciaron que se trató de un enfrentamiento, versión que nunca fue desmentida ni corregida públicamente. Sin embargo, la jurisdicción militar abrió una investigación paralela sobre los hechos. Las víctimas fueron notificadas el 31 de marzo pasado sobre la ejecución de diversas órdenes de aprehensión en contra de los 13 elementos.
La defensa de los militares argumentó que los hechos ocurrieron en “un contexto de violencia en el estado”, describiendo a la entidad como una de las más peligrosas del país debido a la disputa entre carteles de la droga. Ante la vinculación a proceso, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez expresó que “la expectativa es que todas las instituciones estén a la altura del desafío que implica garantizar verdad y justicia en el homicidio de dos niñas a manos de elementos castrenses, en un contexto donde en casos de violaciones a derechos humanos cometidas por militares la constante es la impunidad”.