Por Redacción:
Ciudad de México – 21 de noviembre de 2025 – Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”, presunto autor intelectual y operador de una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) responsable del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, fue trasladado ayer 20 de noviembre al Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) número 14 “Occidente” en Almoloya de Juárez, Estado de México, tras su detención en Morelia el 18 de noviembre. El traslado, custodiado por elementos de la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), se realizó en un convoy blindado para evitar riesgos de rescate, en el marco del Plan Michoacán por la Paz que ha intensificado operativos contra el crimen organizado en la entidad.
La Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía de Michoacán confirmaron el traslado en un comunicado conjunto emitido el 20 de noviembre a las 14:00 horas, detallando que “El Licenciado”, de 35 años y originario de Uruapan, enfrenta cargos por homicidio calificado en agravio de autoridad, asociación delictuosa y contra la salud en su modalidad de comercio, agravados por su rol como operador logístico del CJNG. Su audiencia constitucional está programada para el 22 de noviembre ante el Juzgado de Proceso Penal Oral Federal en Morelia, donde se presentarán evidencias como capturas de pantalla de un grupo de WhatsApp donde emitía órdenes explícitas para “ultimar a como dé lugar” a Manzo, incluso si estaba acompañado.
El traslado desde Morelia al CEFERESO Occidente, un penal de máxima seguridad con capacidad para 2.500 internos y conocido por albergar a figuras como Joaquín “El Chapo” Guzmán en etapas previas, se ejecutó bajo estrictos protocolos de seguridad para prevenir intentos de rescate por parte del CJNG, que ha liberado a líderes mediante operativos armados en prisiones como la de Apatzingán en 2023. Durante el trayecto de 300 kilómetros, custodiado por 20 elementos de la Guardia Nacional, se implementaron drones de vigilancia y bloqueadores de señales para evitar comunicaciones externas, medidas impulsadas por el secretario Omar García Harfuch tras la captura inicial el 18 de noviembre en un hotel de Morelia.
“El Licenciado”, reclutado por el CJNG en 2022 tras estudios truncos en derecho –de ahí su apodo–, escaló rápidamente como operador en la Tierra Caliente, coordinando extorsiones a productores de aguacate que generan 3.000 millones de dólares anuales en Michoacán. Se le imputan al menos cinco homicidios previos, incluyendo el de un citricultor en Apatzingán en julio de 2025, y su detención se logró gracias al análisis de teléfonos de Fernando Josué “N” y Ramiro “N”, hallados sin vida el 10 de noviembre en la carretera Uruapan-Paracho, presuntamente ejecutados para silenciarlos. En un grupo de WhatsApp, “El Licenciado” ordenaba: “Hay que matarlo a como dé lugar, aunque esté acompañado”, y supervisaba el entrenamiento armado de sus reclutas, incluyendo al tirador Víctor Manuel Ubaldo Vidales, de 17 años, abatido en el sitio del crimen.
El traslado al CEFERESO Occidente, una instalación con celdas individuales y vigilancia 24/7 que alberga a 1.800 internos de alto perfil, fue ordenado por el juez federal de Morelia para garantizar su integridad ante amenazas del CJNG, que ha intentado liberaciones en penales como el de Tula en 2024. Durante el proceso, se decomisaron un arma corta, 500 gramos de cristal y un BMW Serie 5 con placas falsas, vinculados a sus operaciones de narcomenudeo y lavado de dinero. La FGR, en coordinación con la Fiscalía de Michoacán, prepara peritajes balísticos para ligar el arma decomisada a los siete disparos que recibió Manzo el 1 de noviembre en la Plaza Morelos.
Carlos Manzo, de 40 años y conocido como “el del sombrero” por su prenda icónica en actos públicos, fue ejecutado con siete disparos de 9 mm durante el Festival de las Velas, un evento con miles de asistentes en el marco del Día de Muertos. El tirador, Víctor Manuel Ubaldo Vidales, de 17 años y reclutado por la célula, fue abatido por escoltas de Manzo, quien contaba con 14 elementos de la Guardia Nacional desde mayo de 2025 por amenazas del CJNG. Sus cómplices, Fernando Josué “N” y Ramiro “N”, vigías en el evento, fueron ejecutados el 10 de noviembre en la carretera Uruapan-Paracho para evitar delaciones, según el fiscal Carlos Torres Piña.
El móvil del crimen responde a las denuncias de Manzo contra extorsiones del CJNG a productores de aguacate, un cultivo que representa el 70% de la producción nacional y ha sido blanco de “cuotas” de hasta 20.000 pesos por hectárea. Manzo, exdiputado de Morena (2021-2024) que ganó la alcaldía como independiente con 95.381 votos (66,7%), criticó públicamente la estrategia federal de seguridad en septiembre de 2025, calificándola de “fracaso” y exigiendo abatir a delincuentes en flagrancia. Su viuda, Grecia Quiroz, asumió la alcaldía el 5 de noviembre y lideró la marcha del “Movimiento del Sombrero” con 100.000 participantes el 15 de noviembre, exigiendo “cero impunidad”.
El Plan Michoacán por la Paz, lanzado el 9 de noviembre por la presidenta Claudia Sheinbaum con 57.000 millones de pesos y 10.500 elementos federales, ha facilitado esta captura, lograda mediante geolocalización de chips desechables y análisis de 1.200 horas de videovigilancia de la plaza. García Harfuch, en su conferencia del 19 de noviembre, reveló mensajes del grupo donde “El Licenciado” presionaba: “Borrar todo después de dar instrucciones”, y confirmó que la célula reclutaba menores como Vidales para tareas de bajo perfil. Quiroz, en X, celebró: “Un paso hacia la justicia que Carlos exigía. No pararemos hasta desmantelar estas redes”.
Michoacán, con 82,6% de percepción de inseguridad según el Inegi, ha visto siete alcaldes asesinados desde 2022, y esta captura –la número 35 del Plan Michoacán en dos semanas– refuerza el despliegue de 102.000 elementos federales, reduciendo homicidios en un 32% nacional. Sheinbaum, en su mañanera del 20 de noviembre, elogió el avance: “No habrá impunidad; el traslado asegura que pague por su crimen”. En redes, #JusticiaParaManzo superó 300.000 menciones, con Quiroz tuiteando: “Carlos descansa en paz; su lucha continúa”. El caso, que indignó a la nación, avanza hacia la desarticulación de una red que amenaza a funcionarios locales en un Michoacán donde siete alcaldes han sido ultimados desde 2022.