Por Redacción
Nueva York, 20 de marzo de 2026.- Los abogados Barry Pollack y Mark E. Donelly presentaron este viernes una declaración ante el tribunal federal del Distrito Sur de Nueva York solicitando autorización para que el Gobierno de Venezuela financie la defensa legal de Nicolás Maduro y Cilia Flores. El equipo jurídico argumentó que sus clientes carecen de recursos personales para costear su representación debido a las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos.
En documentos presentados ante el juez federal Alvin Hellerstein, la defensa sostuvo que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) no ha otorgado los permisos necesarios para que fondos estatales venezolanos sean utilizados en el pago de honorarios legales. Según los abogados, esta situación interfiere directamente con el derecho de los acusados a elegir su propia representación jurídica en el proceso por narcotráfico que enfrentan en esta corte.
Mediante una declaración jurada, Maduro y Flores aseguraron no tener capacidad económica para cubrir los gastos de sus abogados y manifestaron su disposición a presentar pruebas financieras si el tribunal lo requiere. La solicitud busca destrabar el bloqueo administrativo que les impide acceder a recursos del Estado venezolano, el cual no es reconocido como gobierno legítimo por las autoridades estadounidenses.
El caso se encuentra en una etapa crítica previo a la audiencia programada para el próximo 26 de marzo de 2026. Además de resolver la cuestión del financiamiento, la defensa tiene previsto solicitar la desestimación de las acusaciones por presuntas irregularidades legales en el proceso. Las sanciones de la OFAC contra Venezuela están vigentes desde 2015, lo que complica cualquier transacción financiera que involucre activos gubernamentales de ese país.
Hasta el momento, no se ha especificado el monto total requerido para la defensa ni los detalles concretos de las pruebas financieras que podrían ser sometidas al escrutinio judicial. La resolución del juez Hellerstein sobre esta petición podría definir la viabilidad estratégica del equipo legal para continuar representando a los mandatarios venezolanos en suelo estadounidense.