San Francisco, 28 de marzo de 2026.- Un grupo de sobrevivientes de los abusos sexuales cometidos por Jeffrey Epstein presentó una demanda colectiva contra la administración Trump y Google por divulgar información personal contenida en archivos publicados recientemente por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
La acción legal fue interpuesta el jueves 26 de marzo ante un tribunal federal de California. Los demandantes exponen que la revelación de sus datos personales constituyó una violación directa de la ley federal de privacidad, al hacerse pública información que debería haber permanecido protegida.
En su petición, las víctimas solicitan al menos mil dólares por cada demandante dirigidos contra el gobierno, así como una indemnización por daños y perjuicios dirigida a la empresa tecnológica Google, responsable de la difusión de parte de este material en sus plataformas.
El caso revive el escándalo en torno al financiero estadounidense, quien fue condenado por delitos sexuales antes de ser encontrado muerto en su celda en 2019. La red de abusos involucró a figuras como Ghislaine Maxwell, condenada como cómplice, y Jean-Luc Brunel, agente de modelos señalado como reclutador para Epstein y hallado sin vida en una prisión francesa en 2022.
Paralelamente a la batalla legal, han emergido testimonios que ilustran la magnitud de la operación de reclutamiento. Amanda Ungaro, quien era una adolescente de 17 años en 2002, relató haber viajado en el avión privado del pederasta, conocido como Lolita Express, en un trayecto entre París y Nueva York acompañada por Brunel.
Ungaro describió la presencia de aproximadamente 30 chicas en el vuelo, muchas de ellas de entre 14 y 16 años, quienes no correspondían al perfil de modelos profesionales. Según su relato, algunas menores se sentaban en el regazo de Epstein mientras Ghislaine Maxwell se encontraba presente en la aeronave.
La demanda actual busca reparar el daño causado por la exposición mediática y judicial de las identidades de las víctimas, un hecho que los abogados de los sobrevivientes consideran una segunda victimización por parte de las autoridades federales y los gigantes tecnológicos.