Por Redacción
México., 16 de marzo de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum anunció este lunes desde Palacio Nacional el envío al Congreso de una nueva iniciativa de reforma electoral, denominada “Plan B”, que se enfoca en recortar presupuestos de congresos locales, reducir el número de regidores y ajustar el gasto del Senado, con el objetivo de liberar recursos para obras públicas en municipios y estados. La propuesta, que será formalmente presentada el 17 de marzo, representa un acuerdo con sus aliados del Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), tras el rechazo la semana pasada de una iniciativa más amplia.
Sheinbaum señaló que el propósito central es reorientar el gasto público para que los recursos ahorrados “se queden en municipios y estados para obra pública”. Aunque no detalló el texto completo de la iniciativa, ejemplificó el potencial ahorro con cifras como el costo por legislador en Baja California, que asciende a 34.8 millones de pesos, o en Colima, de 5.1 millones. Análisis editoriales estiman que el recorte total podría rondar los 4,000 millones de pesos.
Este nuevo proyecto surge tras el fracaso del llamado “Plan A”, una reforma electoral más ambiciosa que fue rechazada en la Cámara de Diputados el 11 de marzo, incluso con los votos en contra del PT y el PVEM. Según análisis periodísticos, esos partidos habrían rechazado la propuesta inicial por temor a un partido hegemónico y a perder su registro, ya que incluía la reducción de la Cámara de Diputados de 500 a 400 integrantes, entre otros cambios.
A diferencia de la iniciativa anterior, el Plan B parece dejar de lado, al menos temporalmente, modificaciones controversiales a nivel federal, como una reducción drástica del financiamiento a los partidos políticos o cambios estructurales en el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Sin embargo, la mandataria reiteró que su gobierno seguirá insistiendo en disminuir los privilegios económicos de los partidos, un objetivo que reconoció no se logró en esta propuesta.
La iniciativa se centra en imponer una carga de austeridad a los niveles estatales y municipales, lo que, según algunas opiniones editoriales, podría vulnerar principios del federalismo al recargar la ajusta en las entidades mientras se salvan instituciones federales. El mecanismo legal para etiquetar los recursos ahorrados hacia la obra pública, así como el número específico de regidores y legisladores locales a reducir, aún no han sido dados a conocer públicamente.
El proceso de aprobación en el Congreso, donde Morena y sus aliados necesitarán construir mayorías, así como la postura detallada de los partidos de oposición, serán los siguientes focos de atención. La propuesta marca un nuevo capítulo en la agenda de reformas políticas de la administración de Sheinbaum, buscando un consenso más acotado tras el primer revés legislativo.