Por Redacción
México, 19 de marzo de 2026.- Múltiples estados del país enfrentan crisis hídricas simultáneas que combinan sequía moderada, infraestructura obsoleta y denuncias de corrupción. Mientras la SEGIAGUA capitalina anuncia interrupciones parciales en el suministro para una distribución más equitativa, ejidatarios de San Antonio de los Bravos, San Luis Potosí, acusan a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) de tráfico de influencias a favor de un comité alterno.
El Sistema Cutzamala, principal fuente de abastecimiento para la Zona Metropolitana del Valle de México, reporta más del 80% de almacenamiento, pero las autoridades mantienen medidas de racionamiento preventivas. La SEGIAGUA confirmó que aplicará “interrupciones parciales en algunas zonas para distribución más equitativa del agua”, aunque sin especificar municipios afectados ni cronograma detallado.
En contraste, la situación en el norte del país requiere inversiones urgentes. En Gómez Palacio, Durango, el Sistema Descentralizado de Agua Potable y Alcantarillado (Sideapa) lanzó una licitación pública para la rehabilitación del emisor central y colector San Ignacio, proyecto que requiere más de 500 millones de pesos e involucra tuberías de 72 y 60 pulgadas de diámetro.
Las denuncias de corrupción emergen desde San Luis Potosí, donde ejidatarios de San Antonio de los Bravos aseguran que Conagua favorece irregularmente a un comité alterno mediante “corrupción y tráfico de influencias”. La existencia de dos comités ejidales con reconocimiento conflictivo por parte de la dependencia federal profundiza la controversia.
Paralelamente, el gobierno de San Luis Potosí instaló el Consejo Técnico Consultivo del Agua para fortalecer la gestión hídrica estatal. Esta medida busca enfrentar el contexto de sequía moderada a severa que afectó al 16% del territorio nacional durante 2025, con recuperación parcial en 2026.
La crisis de infraestructura hídrica se manifiesta en múltiples frentes, desde la necesidad de rehabilitación de sistemas en Gómez Palacio hasta los tandeos en la capital, mientras las denuncias ciudadanas cuestionan la transparencia en la gestión del recurso.