Ciudad De México, 28 de marzo de 2026.- El Senado de la República aprobó la reforma electoral conocida como ‘Plan B’, la cual modifica los artículos 115, 116 y 134 de la Constitución con el objetivo de generar ahorros presupuestales en congresos locales, ayuntamientos y en las remuneraciones de funcionarios electorales. La votación, realizada este viernes, excluyó la modificación al artículo 35 que hubiera permitido adelantar la consulta de revocación de mandato a las elecciones intermedias de 2027, una pieza central de la propuesta original impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum.
Tras la aprobación del dictamen, diversos actores políticos emitieron sus valoraciones. Morena calificó el resultado como un triunfo del pueblo de México, asegurando en redes sociales que con esta medida la transformación llega a lo local con menos privilegios y más rendición de cuentas, además de señalar que el PAN teme la reducción de regidores en los municipios. Por su parte, Michel González, secretaria general del PAN, declaró que México ganó al eliminar el intento de convertir la revocación de mandato en una herramienta al servicio del poder, mientras que el PRI celebró la modificación al dictamen.
En el ámbito técnico, consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) analizaron las implicaciones de la decisión legislativa. Martín Faz, presidente de la Comisión de Organización del organismo, señaló que aunque la exclusión del proceso de revocación de mandato es un punto positivo para la equidad de la contienda, persiste una tremenda complejidad operativa para los comicios de 2027. Faz explicó que el INE deberá instalar casillas diferenciadas y duplicar personal para realizar en la misma fecha la renovación de la Cámara de Diputados y la elección judicial, procesos que cuentan con marcos normativos distintos.
Durante el análisis previo a la aprobación, se discutieron los costos asociados al personal del instituto. El INE presentó datos indicando que pagó 2,419 millones de pesos conceptuados como ‘bono electoral’ en los tres últimos procesos comiciales. De esta cifra, 449.2 millones correspondieron a 2022 por la revocación de mandato, 964.9 millones al proceso electoral federal de 2024 y mil 5 millones a la elección del Poder Judicial en 2025. El organismo argumentó que eliminar este bono podría resultar más costoso debido al pago de horas extras.
La Carla Humphrey, también consejera del INE, participó en las discusiones relacionadas con la reforma. Con la aprobación de este segundo intento de reforma electoral, que se limita a la contención del gasto y no altera la calendarización de la revocación de mandato, se cierra un episodio en el que la administración de Sheinbaum invirtió capital político desde el verano de 2025, dejando sepultados los objetivos originales de reducir recursos a partidos y modificar el marco legal de las elecciones durante la primera mitad del sexenio.