Por Redacción
Ciudad De México, 20 de marzo de 2026.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó reservar por un periodo de cinco años la información detallada sobre su parque vehicular, el cual asciende a 151 unidades. La decisión, emitida por el Comité de Transparencia del órgano judicial, responde a una solicitud de acceso a la información presentada en enero de este año y busca proteger la integridad de los ministros ante posibles riesgos de seguridad.
De acuerdo con la resolución oficial, la institución se negó a hacer públicos datos específicos como el modelo, el costo y la fecha de adquisición de los automóviles. Asimismo, la Corte rechazó divulgar qué ministros han tenido asignados los vehículos adscritos a sus ponencias desde 1994 a la fecha. Esta negativa abarca también la información sobre las placas de circulación de las unidades.
En su argumentación, el Comité de Transparencia de la SCJN sostuvo que difundir estas características técnicas y económicas “podría poner en riesgo la vida, seguridad o salud de las personas titulares” del Poder Judicial. El organismo enfatizó que la medida es necesaria para “garantizar la seguridad, salud y, en consecuencia, la vida de las personas servidoras públicas usuarias de este Alto Tribunal”, justificando así la clasificación de la información como reservada.
La solicitud de transparencia que detonó esta resolución fue presentada tras conocerse la adquisición de nueve camionetas blindadas Jeep Grand Cherokee destinadas a los ministros. Aunque el requerimiento original no pidió explícitamente datos sobre la asignación específica de cada unidad ni su emplacado, la respuesta institucional incluyó el rechazo a hacer públicos estos rubros junto con los detalles financieros y técnicos del resto de la flota.
Como resultado de esta determinación, permanecerán ocultos al escrutinio público el monto total invertido en las 151 unidades, así como los costos y modelos particulares de cada vehículo, incluidos los blindados recientemente incorporados. Tampoco se dará a conocer la nómina de los titulares a quienes se han asignado dichos recursos automotores durante las últimas tres décadas.
Esta medida de opacidad se mantiene vigente hasta 2031, salvo que exista una revisión posterior que modifique el estatus de la información. La decisión marca un precedente en la gestión de datos patrimoniales y de seguridad dentro del máximo tribunal del país, priorizando la protección física de sus integrantes sobre la transparencia administrativa solicitada por ciudadanos y medios de comunicación.