Ciudad De México, 14 de julio de 2026.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concedió una suspensión al gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, dentro de la controversia constitucional promovida por el Poder Ejecutivo estatal contra el juicio político que enfrenta ante el Congreso local. La resolución, notificada el 13 de julio y publicada en la Lista Extraordinaria de Notificaciones de la SCJN, corresponde a la controversia constitucional 386/2026.
La medida cautelar impide que se ejecute cualquier resolución derivada del procedimiento que implique la separación del cargo o la inhabilitación del mandatario. Sin embargo, la suspensión no detiene el desarrollo del juicio político, por lo que el Congreso de Nuevo León podrá continuar con las etapas procesales correspondientes.
La SCJN argumentó que, de no otorgarse la suspensión, podría generarse una afectación de difícil reparación en caso de que posteriormente se declarara fundada la controversia constitucional. En su resolución, el máximo tribunal indicó: “Se procede conceder la suspensión para que, sin suspender el procedimiento, no se ejecute ninguna determinación derivada del proceso de juicio político, hasta en tanto se resuelva el fondo de la controversia constitucional”.
El tribunal enfatizó que “los efectos de la suspensión no tienen como finalidad impedir que las autoridades respectivas continúen con el trámite y desahogo del procedimiento respectivo, sino únicamente paralizar la ejecución de cualquier determinación encaminada a separar a dicho funcionario de su cargo o inhabilitarlo para tal función”. La Corte añadió que esta decisión se toma “pues el tiempo de no ejercicio del cargo de elección popular no es recuperable” y que “con esta medida se salvaguarda el normal desarrollo de la administración pública estatal, así como el adecuado ejercicio de las funciones que corresponden a su titular”.
La controversia constitucional fue presentada por el Poder Ejecutivo de Nuevo León en contra del procedimiento de juicio político iniciado por la Comisión Anticorrupción del Congreso local, proceso que se originó a partir de una denuncia promovida por Morena. En dicha denuncia se señalan presuntas violaciones constitucionales, irregularidades en el procedimiento y un supuesto desvío o triangulación de recursos públicos.
El gobierno estatal ha sostenido que el expediente utilizado para sustentar el juicio político carece de pruebas suficientes y que únicamente contiene la identificación oficial de la persona denunciante, así como recortes y notas periodísticas. Antes de la intervención de la SCJN, el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa de Nuevo León había concedido una suspensión provisional para detener temporalmente la vía.