Ciudad De México, 26 de marzo de 2026.- El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre sustancias y desechos peligrosos, Marcos A. Orellana, alertó sobre el aumento descontrolado y exponencial de fábricas de cerdos en México durante la última década, tras concluir su segunda visita oficial al país. En declaraciones públicas, el funcionario internacional señaló que el término ‘granjas porcícolas’ funciona actualmente como un eufemismo para describir instalaciones industriales masivas que operan en diversas regiones de la nación.
Durante su estancia, que se llevó a cabo del 9 al 20 de marzo de 2026, Orellana documentó casos donde existen granjas que albergan hasta 50 mil cerdos en comunidades con apenas 1,500 habitantes. Esta disparidad entre la capacidad industrial y la densidad poblacional local fue destacada como una preocupación central de su recorrido, el cual incluyó visitas a los estados de Sonora, Campeche, Tlaxcala, Nuevo León, Hidalgo, Querétaro y Yucatán.
La Cancillería y la Secretaría de Medio Ambiente (Semarnat) emitieron un comunicado conjunto confirmando que el relator sostuvo encuentros con más de 15 dependencias del Gobierno Federal, además de reunirse con autoridades de los tres Poderes de la Unión. Entre los funcionarios que participaron en las mesas de trabajo se encontraron el subsecretario de Asuntos Multilaterales y de Derechos Humanos y la subsecretaria de Regulación Ambiental, Ileana Villalobos Estrada.
El objetivo de esta gira fue revisar los avances en materia de protección ambiental frente a los residuos y sustancias peligrosas derivadas de la actividad productiva. Aunque la investigación no detalla cifras exactas del número total de fábricas ni identifica a las empresas propietarias de estas instalaciones, la magnitud descrita por el relator subraya la presión que ejerce la ganadería industrial sobre el entorno y las comunidades aledañas.
Las observaciones recabadas por Marcos A. Orellana serán integradas en un informe final que se espera sea publicado en el segundo semestre del año. Este documento oficial contendrá las recomendaciones específicas para el Estado mexicano, cuyo mandato como relator fue establecido originalmente en 1995 y renovado en 2023 para continuar con la supervisión global de estos riesgos ambientales.