La Paz, 17 de junio de 2026.- La XVII Legislatura del Congreso del Estado aprobó por unanimidad una reforma al Código Penal de Baja California Sur y a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para tipificar el delito de matrimonio infantil, iniciativa propuesta por la diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Guadalupe Saldaña Cisneros. La reforma adiciona el artículo 174 Bis al Código Penal para sancionar la cohabitación forzada de menores con penas de ocho a 15 años de prisión y multas de 2 mil a 4 mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
Saldaña Cisneros señaló que México se posiciona como el octavo país con mayor índice de matrimonio infantil a nivel mundial. “Pese a avances legales, decenas de miles de menores de entre 12 y 17 años aún viven en condición de matrimonio o unión temprana en el país”, dijo la legisladora. Respecto a la entidad, mencionó: “Si bien el número es comparativamente menor, sigue siendo preocupante que más de mil cuatrocientos niñas, niños y adolescentes sudcalifornianos vean vulnerados sus derechos por estas prácticas”.
En materia de seguridad, Baja California Sur se ha convertido en el tercer lugar con más feminicidios cometidos por cada 100 mil habitantes, con una tasa de 0.66 casos. Según cálculos basados en la tasa del delito multiplicada por la población del INEGI, se estima que se hayan cometido cinco feminicidios en la entidad; sin embargo, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) reporta solo tres registros basándose en cifras públicas del Secretariado hasta abril.
Antonio López Rodríguez, procurador general de Justicia del Estado, declaró que hasta abril llevaban abiertas tres carpetas de investigación por homicidio y tenían resueltas tres. “En este tema ocupamos el lugar número 11 en temas de feminicidio, porque hemos contabilizado tres a la fecha”, afirmó el funcionario. No obstante, el procurador expresó que en lo que va del mes de mayo han contabilizado dos feminicidios más, sumados a los tres ya en registro oficial.
El 20 de mayo se registraron dos presuntos feminicidios en el municipio de La Paz; una de las víctimas fue localizada sobre las calles Abedul y Diente de León de la colonia La Pasión con un cable en la boca y rodeando su cuello, presentando huellas de violencia. Paramédicos del Grupo Voluntario Calafia indicaron que la posible causa de muerte sería un traumatismo craneoencefálico y asfixia por ahorcamiento. Sobre este caso, López Rodríguez dijo: “acabamos de localizar a una mujer —desafortunadamente— sin vida aquí en la colonia La Pasión; ya llevamos la investigación avanzada ya tenemos identificada a una persona probable responsable y pensamos que lo podemos resolver pronto”.
Paralelamente, trabajadores de IMSS-Bienestar han realizado protestas en el Congreso del Estado y bloqueado vías como el puente Mano Amiga en la colonia 8 de Octubre para denunciar la precarización del órgano. Más de 400 empleados se han afiliado a Fuerza Independiente de Trabajadores de la Salud (FINTRAS), sindicato encabezado por Marlene Cota, quien señaló: “Falta de insumos, falta de respuesta por parte de IMSS-Bienestar, faltan de ambulancias, ya es insostenible”.
Los trabajadores expusieron el caso de la muerte de un bebé durante un traslado de Santa Rosalía a Loreto, acusando que la ambulancia no contaba con los insumos necesarios. Cota detalló que “desde enero las problemáticas se han agudizado en el hospital Salvatierra, no tienen los insumos necesarios para atender”, agregando que también hay especialistas como ginecólogos manifestándose. Aunque se pactó una reunión con el representante de IMSS-Bienestar, Bogdan Benis, para el 10 de junio, los líderes quedaron plantados en las oficinas; posteriormente, Cota mencionó que lograron concretar una mesa de trabajo con el gobernador Víctor Castro Cosío.