Por Redacción
Tijuana, 20 de marzo de 2026.- Se llevó a cabo este jueves la primera audiencia judicial en contra del exboxeador y exsecretario municipal Erik ‘Terrible’ Morales, quien enfrenta acusaciones por presunto abuso sexual en agravio de una compañera subordinada durante su gestión en el Ayuntamiento de Tijuana. El acto, programado inicialmente para las 09:00 horas, sufrió un retraso y fue presidido por la jueza Griselda Rábago Lara, quien estableció medidas de privacidad para resguardar los datos personales de la víctima.
Durante el desarrollo de la audiencia surgieron posturas divergentes entre las partes respecto a la transparencia del proceso. La defensa legal de Morales, integrada por los abogados Alejandro Reyna, Jarem Madrigal Rodríguez y Elías Flores Gallegos, solicitó que se permitiera la entrada de medios de comunicación. Alejandro Reyna argumentó: “nosotros sí queremos que estén aquí y que escuchen todo lo que se va a exponer”.
Sin embargo, la magistrada rechazó dicha petición al priorizar los derechos de la persona ofendida. En su declaración, la jueza Griselda Rábago Lara fundamentó la decisión afirmando que “las restricciones son cuando se pudiera vulnerar la vida privada y siempre favoreciendo los derechos personales de la víctima, el resguardo de la identidad y la privacidad”. Con esta determinación, el acceso a la información detallada del caso fue limitado para el público y la prensa.
Entre los presentes en el tribunal se encontraba Rubén Hernández, padre de la mujer que acusa a Morales de los hechos ocurridos cuando ella laboraba bajo su mando en la administración municipal encabeza por Ismael Burgueño. Asimismo, compareció una testigo identificada solo con el nombre de Elvira, propuesta por la parte defensora. La identidad completa de la víctima permanece protegida por orden judicial.
Este evento marca el primer paso formal en el proceso penal tras tres intentos previos para celebrar la audiencia. Aunque se confirmó la realización del acto jurídico, la investigación no ha divulgado aún el resultado específico sobre la vinculación a proceso ni los detalles concretos de los cargos imputados, manteniéndose la reserva legal sobre el avance del caso en las próximas etapas.