Ciudad De México, 28 de mayo de 2026.- El diputado Arturo Ávila presentó una queja ante el Instituto Nacional Electoral (INE) contra la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, por presunto uso indebido de recursos públicos y promoción personalizada. Ávila señaló que esta conducta vulnera el artículo 134 constitucional al tratarse de propaganda con fines de promoción personal en obras y programas públicos.
Durante la presentación de la denuncia, el legislador exhibió imágenes de propaganda en la alcaldía que, aseguró, acreditan la promoción personalizada. Ávila afirmó que los hechos constituyen una violación constitucional clara y acusó a la funcionaria de usar su cargo para posicionar su imagen con fines político-electorales, por lo que pidió frenar la precampaña anticipada.
“Lo que estamos viendo es a una funcionaria pública más preocupada por su promoción personal que por resolver las demandas básicas de la ciudadanía”, declaró Arturo Ávila. El diputado exigió al INE actuar con firmeza, ordenar el retiro del material y garantizar de inmediato que no se utilicen recursos públicos para fines electorales anticipados.
Por otra parte, Luisa Alcalde, consejera jurídica de la presidencia, detalló la función de la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas del INE, propuesta para bloquear al crimen organizado. Alcalde explicó que esta medida servirá de ayuda a los partidos para detectar si sus aspirantes tienen vínculos delictivos antes de definir sus postulaciones, aclarando que el proceso es voluntario y que los partidos pueden decidir si someter o no a sus aspirantes a esta herramienta.
La consejera explicó que la comisión del INE no investigará directamente a los aspirantes, sino que operará como vínculo entre instituciones. Al recibir una solicitud de un partido político, la comisión pedirá la indagación a entidades como la Unidad de Inteligencia Financiera, la Fiscalía General de la República, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el Centro Nacional de Inteligencia.
Estas instituciones entregarán un reporte sobre si el posible candidato tiene “riesgo razonable” o no de vínculos con la delincuencia, información que el INE trasladará a los partidos políticos. Luisa Alcalde reiteró que el instituto no emitirá juicios propios ni tendrá facultades para impedir candidaturas; serán los partidos quienes, a partir de lo dictaminado, decidan si postulan o no a esa persona.