Por Redacción
México, 19 de marzo de 2026.- El llamado Plan B de reforma electoral generó divisiones entre los partidos políticos durante el debate en el Senado, donde el PAN calificó la iniciativa de “farsa” mientras el Partido del Trabajo expresó respaldo con reservas sobre la fecha de la revocación de mandato. La propuesta enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum incluye un recorte presupuestal progresivo del 15% al Instituto Nacional Electoral y cambios en la integración de ayuntamientos que afectarían a 1,145 municipios.
Ricardo Anaya Cortés, coordinador del PAN en el Senado, criticó duramente la iniciativa al señalar que “no resuelve el dinero del narco en las elecciones ni la sobrerrepresentación de Morena”. El legislador advirtió sobre lo que calificó como “torpezas vulgares” como eliminar la paridad en los ayuntamientos y alertó que el proceso de revocación sería utilizado con fines políticos.
Por su parte, el PT mostró posturas divergentes dentro de su bancada. Benjamín Robles, dirigente nacional del partido, anunció respaldo al Plan B pero con reservas específicas sobre la fecha de la revocación de mandato, prefiriendo que se realice en 2028 en lugar de 2027 para garantizar equidad. Sin embargo, la senadora Geovanna Bañuelos de la Torre aseguró que votará a favor sin condiciones.
La reforma plantea establecer un tope salarial de 134 mil pesos mensuales para los consejeros del INE, quienes actualmente perciben 262 mil pesos brutos al mes, según información del propio instituto. El diputado Rubén Moreira alertó que estas medidas buscan influir en los comicios de 2027 y representan un “retroceso democrático” al permitir la participación del Ejecutivo en campañas mediante la revocación.
El INE ha defendido su autonomía presupuestal y sus altos salarios, señalando que los choques por este tema vienen desde 2018. La iniciativa también modificaría las regidurías en 56 municipios que sufrirían reducción y 1,089 que tendrían aumento, afectando a los aproximadamente 18,000 trabajadores del organismo electoral.
El debate se enmarca en una larga disputa entre el instituto electoral y el poder Ejecutivo que se intensificó durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. La revocación de mandato ya se utilizó en 2022, siendo criticada por algunos sectores como un instrumento de promoción política más que de participación ciudadana.