Por Redacción
La República, 17 de marzo de 2026.- El gobierno federal envió al Senado de la República el denominado Plan B de la Reforma Electoral, una versión modificada de la iniciativa original que fue rechazada hace seis días por los partidos aliados PT y PVEM. La nueva propuesta, negociada mediante reuniones en la Secretaría de Gobernación que encabeza Rosa Icela Rodríguez, mantiene el eje de austeridad republicana pero se concentra en dos puntos clave: establecer un tope presupuestal del 0.7% para los congresos locales y eliminar las regidurías en los ayuntamientos.
La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que esta iniciativa conserva la esencia de reducir privilegios y optimizar el gasto público. El proyecto promete un ahorro estimado de 4,000 millones de pesos anuales, partiendo de un presupuesto actual para congresos estatales que supera los 18,429 millones de pesos.
Manuel Velasco, coordinador del PVEM en el Senado, respaldó públicamente el envío de la iniciativa, señalando que su partido trabajará en su análisis y discusión. Sin embargo, se desconoce aún la postura oficial del PT, otro actor crucial para la aprobación de la reforma.
El Plan B surge como respuesta al rechazo que la reforma electoral original enfrentó el 11 de marzo, cuando los partidos aliados manifestaron desacuerdos con algunos contenidos. La actual propuesta evita modificaciones constitucionales profundas y se enfoca en cambios legales específicos en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
El proceso legislativo iniciará ahora en el Senado, donde Morena y sus aliados tienen mayoría. De ser aprobada, la iniciativa pasaría a la Cámara de Diputados para su discusión y eventual votación, en un proceso que se anticipa complejo dada la sensibilidad de las reformas electorales.