Por Redacción

Ciudad de Mexico, 17 de marzo de 2026.- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, acusó este lunes a Ecuador de realizar bombardeos en territorio colombiano que habrían dejado 27 cuerpos calcinados, una denuncia que su par ecuatoriano, Daniel Noboa, negó categóricamente el martes, señalando que sus fuerzas actúan únicamente dentro de su jurisdicción. La grave acusación, intercambiada a través de redes sociales y declaraciones oficiales, agrava una crisis bilateral ya marcada por una guerra comercial y tensiones de seguridad en la frontera de 600 kilómetros.

Petro afirmó que “una bomba fue encontrada en el suelo colombiano” y que “27 cuerpos calcinados” fueron hallados en la zona, insinuando que el ataque no pudo ser realizado por grupos armados irregulares, que carecen de aviones, ni por Colombia, que no dio tal orden. “La conclusión es obvia”, declaró, apuntando directamente a Ecuador. En respuesta, Noboa desmintió la versión: “No operamos fuera de nuestro territorio”, aseguró, y explicó que sus fuerzas atacaron la semana pasada un “campo de entrenamiento de una disidencia de las FARC” dentro de Ecuador, en la provincia de Sucumbíos, fronteriza con Colombia.

La canciller ecuatoriana, Gabriela Sommerfeld, respaldó la postura de su gobierno, enfatizando el compromiso con la soberanía. El conflicto verbal expone la profunda desconfianza y las versiones contradictorias sobre lo ocurrido en una región históricamente convulsionada por el narcotráfico, la minería ilegal y la presencia de grupos armados residuales. Petro sugirió que los grupos atacados por Ecuador se infiltraron desde Colombia por un “descuido” en la vigilancia fronteriza, mientras Noboa insinuó que los objetivos eran “en gran parte colombianos”.

El incidente se enmarca en un deterioro mayor de las relaciones. Desde febrero, ambos países mantienen una guerra comercial que afecta importaciones, cooperación energética y el transporte de crudo. Además, la participación de Ecuador en el “Escudo de las Américas”, una alianza de seguridad promovida por Estados Unidos, ha sido vista con recelo por el gobierno de Petro. La falta de detalles concretos —como la fecha y ubicación precisa del supuesto bombardeo, la identidad de las víctimas o pruebas forenses— dificulta una verificación independiente inmediata.

Ante la escalada, se anunció la conformación de una mesa de diálogo a través de la Comunidad Andina para abordar la crisis. Sin embargo, la acusación de una violación de soberanía mediante el uso de fuerza aérea representa uno de los puntos más bajos en la relación reciente entre los dos países vecinos, poniendo a prueba los mecanismos de diálogo regional en un escenario donde la seguridad fronteriza y las narrativas políticas chocan de frente.

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