Por Redacción
Ciudad de Mexico, 15 de marzo de 2026.- La transparencia en el gasto público y las reglas internas de los partidos políticos ocuparon la agenda nacional esta semana, con dos revelaciones que generaron críticas y debate. Por un lado, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno difundió datos sobre pensiones “doradas” de exfuncionarios que superan, en algunos casos, el millón de pesos mensuales. Por otro, se intensificó la controversia en Coahuila por la aparición de espectaculares de aspirantes morenistas a la coordinación estatal, pese a una prohibición expresa del Consejo Nacional del partido, lo que llevó al PAN a solicitar la intervención del Instituto Nacional Electoral (INE).
Según la información oficial, más de 100,000 extrabajadores del Estado reciben pensiones superiores al salario de la presidenta Claudia Sheinbaum. Entre ellos, cuatro exfuncionarios destacan por percibir montos que oscilan entre 1,037,000 y 1,107,000 pesos al mes. Se trata de Jorge Evodio Chapa de la Torre, Edgar Velázquez, Kenneth Sydney Smith y Carlos Arturo Sánchez Magaña. Además, otras 21 personas reciben pensiones mensuales que van desde los 181,000 hasta los 987,000 pesos. El gasto total anual en pensiones de empresas estatales y banca de desarrollo supera los 94,000 millones de pesos, una cifra que ha reavivado el debate sobre la reforma al sistema de jubilaciones del sector público.
En paralelo, en Coahuila, el proceso interno de Morena para elegir a su coordinador estatal enfrenta acusaciones de anticipación de campañas. El 7 de marzo, el Consejo Nacional de Morena prohibió que los aspirantes se promovieran en espectaculares. Sin embargo, esta disposición ha sido ignorada, según denuncias de medios locales y del Partido Acción Nacional. El presidente del Instituto Electoral de Coahuila, Oscar Daniel Rodríguez Fuentes, se ha referido al caso, aunque los resultados específicos de las impugnaciones presentadas aún no son públicos.
El senador morenista Gerardo Fernández Noroña reconoció que el uso de espectaculares es una práctica recurrente en los procesos internos del partido, aunque restó importancia al señalarlo como parte de la dinámica política. “Es algo que sucede”, afirmó, defendiendo la legalidad de los procesos. No obstante, esta postura contrasta con las críticas de columnistas y medios, como el semanario ZETA, que acusan a los aspirantes de violentar los reglamentos internos y adelantar campañas de manera irregular.
Ante esta situación, el PAN solicitó formalmente al INE que utilice herramientas de geolocalización para identificar y sancionar la colocación ilegal de espectaculares, aunque al cierre de esta edición no se había conocido una respuesta oficial del organismo electoral. La polémica se enmarca en un contexto de negociaciones internas dentro de la coalición gobernante (Morena, PT, PVEM) para alcanzar un acuerdo de unidad y definir lo que se ha dado en llamar un “plan B” electoral, cuyos detalles completos aún no han sido revelados por la administración de Sheinbaum.
Estos dos frentes —el escrutinio a privilegios económicos en el Estado y la aplicación de reglas en los partidos— reflejan tensiones persistentes en la política mexicana respecto a la rendición de cuentas y la equidad. Mientras los datos sobre pensiones millonarias alimentan el debate sobre la necesidad de una reforma profunda, la controversia en Coahuila pone a prueba la capacidad de los partidos, en especial del oficialismo, para autorregularse en medio de contiendas internas, en un año marcado por la preparación de futuros procesos electorales.