Por Monserrat Californias
La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, enfrenta una creciente presión política y social en Mexicali, luego de que se diera a conocer la revocación de su visa estadounidense.
La medida, que también afectó a su esposo Carlos Torres Torres, inquietó a sectores opositores y empresariales, quienes exigen transparencia sobre las razones detrás de esta decisión consular. La falta de información oficial ha alimentado especulaciones y cuestionamientos sobre la integridad de la administración estatal.
El Partido Acción Nacional en Baja California ha sido particularmente crítico, señalando que la revocación de la visa podría estar relacionada con posibles irregularidades en el uso de recursos públicos y vínculos con actividades ilícitas. La dirigente estatal del PAN, Lizbeth Mata Lozano, no descartó la posibilidad de solicitar un juicio político y la revocación de mandato de la gobernadora, en caso de que se comprueben responsabilidades legales.
Por su parte, la iniciativa privada en Mexicali, representada por el Consejo Coordinador Empresarial, ha solicitado a la gobernadora que aclare públicamente las circunstancias que llevaron a la cancelación de su visa. El presidente del CCE, Octavio Sandoval, enfatizó la importancia de evitar especulaciones y mantener la estabilidad en la relación binacional, dada la relevancia económica y social de Baja California con Estados Unidos.
En respuesta a las críticas, Marina del Pilar Ávila afirmó que la revocación de su visa es una decisión administrativa del gobierno estadounidense y que no está relacionada con ninguna acusación o investigación en su contra. La gobernadora aseguró que esta situación no afecta su capacidad para gobernar y que continuará trabajando en beneficio de Baja California.
A pesar de las declaraciones de la mandataria, la oposición y diversos sectores de la sociedad civil insisten en la necesidad de una mayor transparencia y rendición de cuentas. La situación ha generado un clima de incertidumbre política en el estado, con llamados a evaluar la permanencia de Marina del Pilar en el cargo, en caso de que se confirmen irregularidades que comprometan su gestión.