Por Redacción
Ciudad de Mexico, 15 de marzo de 2026.- Organizaciones de la sociedad civil solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que implemente una medida cautelar para vigilar el desplazamiento forzado interno en México, un fenómeno que ha afectado a más de 390,000 personas entre 2016 y 2024. La petición se enmarca en un contexto de violencia persistente ligada al crimen organizado, ejecuciones extrajudiciales e investigaciones deficientes, como la que llevó a la absolución del único detenido por el asesinato del activista opositor al Proyecto Integral Morelos, Samir Flores Soberanes.
De acuerdo con cifras de las propias organizaciones, el desplazamiento forzado continúa al alza, con 28,900 personas afectadas en 2024 y otras 15,795 en 2025, principalmente en estados como Guerrero y Morelos, donde los enfrentamientos por el control territorial entre grupos delictivos son frecuentes. Los solicitantes argumentan que el Estado mexicano no ha implementado políticas públicas efectivas para prevenir, atender y reparar integralmente a las víctimas de este flagelo.
La solicitud a la CIDH coincide con la persistencia de graves fallas en la procuración de justicia. Un ejemplo reciente es la absolución de Javier ‘N’, único detenido por el homicidio de Samir Flores en 2019, tras una investigación de la Fiscalía General de la República considerada deficiente. Según reportes periodísticos, la acusación presentó pruebas insuficientes, dos testigos clave fueron asesinados y agentes ministeriales incurrieron en contradicciones durante el proceso, lo que derivó en la liberación del imputado.
En paralelo, el Estado mexicano reconoció parcialmente su responsabilidad en la ejecución extrajudicial de Bonfilio Rubio Villegas, ocurrida en 2012 a manos del Ejército, y propuso un acuerdo amistoso. Sin embargo, la familia de la víctima exige un reconocimiento expreso de la responsabilidad de las fuerzas armadas y medidas de reparación integral, mostrando la brecha entre los gestos del gobierno y las demandas de justicia de las víctimas.
Expertos señalan que el crimen organizado trasnacional en México ha evolucionado más allá del narcotráfico, abarcando una multiplicidad de actividades ilícitas que en ocasiones involucran a entidades legales e incluso a actores estatales. Esta complejidad, sumada a la colusión o incapacidad de algunas autoridades locales, alimenta ciclos de violencia que derivan en desplazamientos masivos y en una profunda impunidad.
La posible intervención de la CIDH para monitorear el desplazamiento forzado representaría un llamado de atención internacional sobre la gravedad de la crisis humanitaria en varias regiones del país. Mientras tanto, las comunidades afectadas continúan atrapadas entre la violencia de los grupos criminales y la falta de una respuesta estatal eficaz que garantice su seguridad y derecho a no ser desplazadas.