Por Redacción
Ciudad de Mexico, 31 de julio de 2026.- Aunque el Instituto Nacional Electoral (INE) tendrá su comisión, la verdadera calificación de candidatos no será en México, pues al final dependerá de la justicia de Estados Unidos, existiendo el riesgo de su injerencia en el proceso electoral del año próximo.
Existen controles internos desde hace tiempo realizados por la Unidad de Inteligencia Financiera, el Sistema de Administración Tributaria, la Fiscalía General de la República y otras instituciones; sin embargo, no han resultado efectivos porque a la postre se conocen sus malas mañas y nexos. De haber sido eficaces, no se tendría con licencia al gobernador constitucional de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, ni a Enrique Inzunza Cázares alejado del Senado, además de otros exservidores públicos huidos que aportan datos a satisfacción de Estados Unidos.
Tampoco se conocerían casos como el del presidente municipal de Tequila, Diego Rivera Navarro, y otros alcaldes detenidos en Jalisco, Morelos y otros estados por sus ligas con la delincuencia, ni los alcances del grupo criminal de La Barredora formado por Hernán Bermúdez Requena desde la Secretaría de Seguridad Pública de Tabasco. La gran decisión está en Estados Unidos, mientras que en México poco importaron denuncias endilgadas a Rubén Rocha Moya en las elecciones de 2021.
El golpe vino casi cinco años después desde el tribunal federal del sur de Nueva York con la acusación “de haberse asociado con el Cártel de Sinaloa para distribuir cantidades masivas de narcóticos a Estados Unidos”. Ante este escenario, surge la interrogante de qué pasaría si desde el norte hicieran nuevas acusaciones contra candidatos de cualquier partido durante la campaña, lo cual podría anular autorizaciones otorgadas por el INE a partir de juicios de consejeros como Arturo Chávez, Uuc-kib Espadas y Norma de la Cruz, integrantes de la comisión recién instalada.
Ya hay aspirantes con dificultades como los bajacalifornianos Julieta Ramírez, Montserrat Caballero e Ismael Burgueño, todo a partir de las visas. En otro orden de ideas, la presidenta Claudia Sheinbaum puso una muestra del derecho de las audiencias al decir ayer: “Quien no quiera ver la Mañanera que no la vea”, desmintiendo propósitos de censura y reivindicando la facultad de toda persona para elegir qué escuchar, ver y leer.
Bajo este enfoque, la decisión no le corresponde al gobierno calificar notas periodísticas ni descalificar públicamente a periodistas y medios, una perspectiva que muchos verían bien si es el contexto bajo el cual la Comisión Reguladora analizará en consulta pública.