Por Redacción
Tijuana, 25 de agosto de 2026.- La reincorporación de Rubén Rocha Moya a la gubernatura de Sinaloa el 21 de agosto, tras más de 100 días de separación del cargo por acusaciones de narcotráfico en Estados Unidos, generó una crisis política dentro de Morena. El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del partido, presidido por Ariadna Montiel Reyes, informó que no tuvo previo conocimiento de la determinación del político sinaloense y señaló: “Por lo anterior Morena se deslinda de esta decisión”.
La Secretaría de Gobernación estableció que la reincorporación de Rocha Moya respondió a una decisión de carácter personal. En ese mismo sentido, la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones y el Grupo Parlamentario de Morena en el Senado sostuvieron que la medida no fue consensuada con representantes del partido ni otras autoridades. Incluso 23 gobernadores emanados de la Cuarta Transformación, incluida Marina del Pilar Ávila Olmeda de Baja California, cuestionaron el proceder del mandatario.
Ante las posturas emitidas, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo declaró que el interés personal no podía imponerse a los intereses del pueblo y de la nación. Como resultado, Rocha Moya solicitó nuevamente licencia el 22 de agosto, manifestando ante el Poder Legislativo: “Por así considerarlo pertinente me presento ante este Honorable Poder Legislativo para efecto de solicitar licencia temporal con carácter indefinido, por más de 30 días”.
En medio de este escenario, el senador Enrique Inzunza anunció que dejará el encierro el próximo 30 de agosto para ocupar físicamente su escaño durante la plenaria de la bancada de Morena, previa al inicio del periodo ordinario de sesiones el 1 de septiembre. Sin embargo, legisladores del bloque oficialista, integrado por Morena, PT y PVEM, indicaron que no han respaldado el anuncio y aseguraron que Inzunza no cuenta con el apoyo del coordinador Ignacio Mier ni de la presidenta Sheinbaum.
Tanto Inzunza como Rocha Moya fueron señalados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por presuntos vínculos con una facción del Cartel de Sinaloa, quedando en un limbo legal sin ser procesados ni exonerados. La Fiscalía General de la República mantiene carpetas de investigación abiertas, aunque solo han sido citados a comparecer una ocasión en mayo. Desde entonces, Inzunza ha evitado los reflectores, conservando su fuero, sueldo y cargo, salvo por 22 horas de licencia pedidas en mayo.
Sobre la situación política derivada de estos casos, Alfredo Álvarez Cárdenas, aspirante de Morena a coordinador estatal en Baja California, descartó que el deslinde del partido perjudique al instituto político. En entrevista este lunes 24 de agosto en Tijuana, afirmó: “El problema no es cuando hay un político, un colaborador, digamos, indeseable. El problema es cuando no se toman las medidas para corregir ese mal”.
Álvarez Cárdenas agregó respecto a la actuación de la presidenta: “Me parece que la presidenta las tomó (las consabidas medidas) a tiempo y en forma. Me parece que el acto relevante no es si el gobernador es o no culpable hoy, que hasta el día de hoy todavía no está claro, por lo menos realmente hablando, sino la manera en que la presidenta enfrentó el tema con el interés que tomó la decisión y el resultado final, que fue la separación por segunda ocasión”.