Ciudad De México, 04 de abril de 2026.- La industria minera mexicana identifica una oportunidad para reactivar la exploración y otorgamiento de concesiones, impulsada por la necesidad de Estados Unidos de asegurar el suministro de minerales críticos. Pedro Rivero, representante del sector, declaró: “Estamos en una posición en la que creemos posible que se vuelvan a otorgar concesiones mineras para volver a la exploración, que se ha reducido de forma importante en los últimos años”.
Este escenario se presenta tras la firma, en febrero de 2026, de un plan de acción entre México y Estados Unidos para evaluar vías de colaboración en la producción, refinación y comercialización de materias primas fundamentales. Yaxa Michel, presidenta de la Asociación Mexicana de Minerales Críticos, señaló que el país debe aprovechar el contexto actual: “Tendríamos que voltear y ver las posibilidades que está abriendo el juego geopolítico actual para México. Si se impulsa toda la cadena de suministro, particularmente en el área de procesamiento, que es en donde China acapara la transformación en muchísimos minerales que son muy relevantes para nuestro vecino del norte”.
Michel también destacó el potencial de la minería en aguas profundas. Mientras Estados Unidos y China han firmado acuerdos con las Islas Cook para explorar nódulos polimetálicos, la experta indicó: “Hay otra sección del mar, cercana a México, que también podría tener estos nódulos polimetálicos”. Según la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA), la extracción de estos nódulos no requiere excavación profunda y son más abundantes en la costa oeste del Pacífico mexicano.
Sin embargo, el panorama de inversiones presenta desafíos. “Nos hemos dado cuenta de que el tema de la inversión es muy complicado. Podemos decir que sí hay inversión en lo que ya existe, los minerales clásicos como plata y cobre, pero no tanto en cosas nuevas”, afirmó Michel. México dejó de otorgar concesiones mineras desde 2019 y, durante el mandato de Andrés Manuel López Obrador, la superficie concesionada se redujo un 20%, hasta unas 16.8 millones de hectáreas.
En febrero de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum ordenó recuperar 1,126 concesiones en 889,512 hectáreas por incumplimientos, de las cuales cerca de 250,000 hectáreas se encontraban en áreas naturales protegidas. Sobre este proceso de clarificación, Pedro Rivero comentó: “El Gobierno estaba un poco preocupado por la cantidad de área que se ocupaba, porque había información fragmentada sobre realmente cuánto estaba concesionado. El esfuerzo que hizo el Gobierno federal ha servido para poder medir realmente cuánto hay, quién lo tiene, cuánto se está pagando en derechos (…) Hay mucha más claridad”.
Paralelamente, el sector enfrenta conflictos ambientales y arbitrajes internacionales. El caso de la empresa Vulcan Materials (antes Calica) en Quintana Roo se remonta a 2018, cuando la Profepa clausuró parcialmente su mina de piedra caliza. La compañía inició un arbitraje en 2019 bajo el TLCAN reclamando 500 millones de dólares. En 2023, el gobierno mexicano argumentó que el arbitraje era improcedente por mala fe de la empresa, y en 2024 un decreto declaró la zona como área natural protegida, impidiendo definitivamente la minería en el predio.
Según la Semarnat, el costo social para restaurar la zona impactada por la explotación de Calica ascendía a 34 mil 650 millones 986 mil 364 pesos hasta noviembre de 2022. Las operaciones de Vulcan, que exportaba semanalmente 3 mil 500 toneladas de roca caliza por el puerto Punta Venado, fueron clausuradas y ocupadas en 2022, revocándose también el permiso aduanal para exportar.