Fotografía cedida por la organización Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC) del ciudadano venezolano Neiyerver Adrián León Rengel, de 28 años, quien fue deportado el año pasado a una cárcel de máxima seguridad en El Salvador y demandó a Estados Unidos por 1,3 millones de dólares alegando daños y perjuicios, lo que lo convierte en el primer venezolano deportado a un tercer país en reclamar una indemnización. EFE/LULAC

Ciudad De México, 29 de marzo de 2026.- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmó este viernes el fallecimiento de un ciudadano mexicano cuya identidad no fue revelada, quien se encontraba bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el Centro de Procesamiento de Adelanto, en California.

Con este deceso, el número de connacionales muertos en instalaciones del ICE desde el inicio del segundo periodo presidencial de Donald Trump asciende a 14, según datos oficiales mexicanos.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reiteró que la defensa de los derechos humanos de los mexicanos en Estados Unidos es uno de los temas recurrentes en sus comunicaciones con su homólogo estadounidense. “Lo hemos manifestado de diferentes formas y la respuesta de ellos es que va a haber investigación”, declaró la mandataria.

En otro desarrollo judicial, una juez federal ordenó a ICE permitir el acceso de abogados a los migrantes detenidos en el centro conocido como ‘Alligator Alcatraz’ en Florida, respondiendo a demandas de organizaciones como la ACLU que han denunciado violaciones al debido proceso en estas instalaciones.

Mientras tanto, un ciudadano venezolano identificado como Neiyerver Adrián León Rengel presentó una demanda por 1.3 millones de dólares contra el gobierno de Estados Unidos, alegando que fue deportado ilegalmente al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) en El Salvador sin debido proceso.

Según datos de la SRE, más de 491 mil indígenas y 63 mil afromexicanos viven actualmente en Estados Unidos, muchos de ellos sin acceso a servicios consulares en sus lenguas originarias.

Respecto a los trabajadores agrícolas, el Economic Policy Institute reveló que se prevén 150 mil trabajadores con visas H-2A, de los cuales el 90 por ciento son mexicanos, con reducciones salariales de entre 26 y 32 por ciento bajo las nuevas políticas migratorias.

Por Editor

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