Ciudad de Mexico, 28 de marzo de 2026.- Medios internacionales como France 24 y The New York Times informaron que el reciente bombardeo conjunto entre fuerzas de Ecuador y Estados Unidos, ocurrido a principios de marzo de 2026, destruyó una finca ganadera y de producción de leche en lugar de un campamento del narcotráfico, tal como habían asegurado inicialmente los gobiernos involucrados.
Según los reportes, la operación militar afectó a civiles. Gilson Vargas, uno de los trabajadores del sitio, fue arrestado y posteriormente denunció haber sido sometido a torturas. Lina Maria Espinosa, abogada de los detenidos, confirmó que sus clientes sufrieron métodos de interrogatorio violentos, incluyendo ahogamiento y toques eléctricos, antes de los ataques aéreos.
A pesar de las evidencias periodísticas que señalan la naturaleza civil del inmueble, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, describió los objetivos como parte de una red ilícita y criminal. Esta versión oficial contrasta con los testimonios locales que identifican el lugar como una granja productiva, generando una discrepancia significativa sobre los hechos ocurridos en la zona rural.
En el ámbito castrense, Joseph M. Humire, funcionario militar estadounidense, declaró ante el Comité de Servicios Armados que los ataques contra cárteles en América Latina son “sólo el comienzo”. Humire anunció formalmente la implementación de la “Operación Exterminación Total”, indicando una escalada en las acciones bélicas de la región.
Por su parte, Francis Donovan, otro funcionario militar, comentó que los ataques contra embarcaciones “no eran la respuesta”, pero planteó la necesidad de expandir la campaña para combatir a las organizaciones criminales. Estas declaraciones se dan en un contexto de tensión regional, luego de que se reportara que una bomba impactó territorio colombiano durante las operaciones.
Hasta el momento, no se ha emitido una confirmación oficial por parte del Pentágono o del gobierno ecuatoriano que rectifique la información sobre el tipo de objetivo destruido, manteniéndose la postura inicial frente a los reportes de la prensa internacional y las denuncias de violaciones a derechos humanos por parte de los detenidos.