Por Redacción
Nueva York, 21 de marzo de 2026.- La justicia estadounidense avanzó este viernes en dos frentes relacionados con la seguridad y la política de Colombia: por un lado, se concretó la condena de un intermediario clave en el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay, y por otro, se confirmó la existencia de una investigación preliminar contra el presidente Gustavo Petro por posibles nexos con el narcotráfico, aunque sin cargos formales hasta el momento.
En el caso del atentado contra el legislador, un tribunal condenó a Simeón Pérez Marroquín, alias ‘El Viejo’, a 22 años y cuatro meses de prisión. La sentencia responde a los delitos de homicidio agravado y otros cargos derivados de su participación en el crimen. La investigación identificó también a otros involucrados como Elder José Arteaga Hernández, alias ‘Chipi’, y Katherine Andrea Martínez Martínez, quienes forman parte de la red desarticulada por este hecho.
De manera paralela, reportes de prensa indican que fiscales en Nueva York mantienen abierta una carpeta de investigación en fase temprana contra el mandatario Gustavo Petro. Las autoridades evalúan supuestos contactos con estructuras de narcotráfico y posibles financiamientos irregulares durante su campaña presidencial. Sin embargo, las fuentes consultadas señalan que no existen pruebas concluyentes y que el presidente colombiano no sería el objetivo central de la indagatoria.
La información disponible destaca que la pesquisa contra Petro se encuentra en una etapa inicial, sin que se hayan presentado evidencias concretas al público ni se haya definido el nombre específico de los fiscales a cargo. Esta situación contrasta con la resolución judicial ya emitida contra Pérez Marroquín, cuyo proceso culminó con una pena de cárcel firme por su rol en la violencia política ejercida contra Uribe Turbay.
Las discrepancias en los reportes mediáticos subrayan la naturaleza preliminar de las acciones contra el jefe de Estado colombiano, mientras que el caso del senador marca un precedente en la persecución penal de los ejecutores y facilitadores de ataques contra figuras públicas. Ambas situaciones mantienen la atención sobre la intersección entre el crimen organizado y la esfera política en Colombia, con repercusiones legales siendo monitoreadas desde tribunales neoyorquinos.