Por Redacción
Ciudad de Mexico, 15 de marzo de 2026.- Un juez federal decretó la absolución y liberación de Javier ‘N’, el único detenido por el asesinato del líder comunitario y opositor a la termoeléctrica de Huexca, Samir Flores Soberanes, ocurrido en febrero de 2019 en Amilcingo, Morelos. La decisión, tomada la noche del viernes 13 de marzo, se basó en la insuficiencia de las pruebas presentadas por la Fiscalía General del Estado (FGE), un caso que la comunidad indígena denuncia estuvo plagado de irregularidades desde su inicio, incluyendo la muerte de dos testigos y la desaparición de un tercero.
El abogado defensor, Víctor Hernández Vega, confirmó la liberación de su cliente tras el fallo absolutorio emitido en una audiencia que había iniciado el pasado 16 de febrero en Xochitepec. Según reportes, el juez determinó que las evidencias aportadas por la fiscalía que encabezaba en su momento Uriel Carmona no eran suficientes para sostener la acusación.
La comunidad de Amilcingo, municipio de Temoac, ha señalado de manera constante una serie de anomalías en la investigación del crimen. Entre las principales acusaciones se encuentran la fabricación de detenidos, la siembra de pruebas, la elaboración de carpetas de investigación “a modo” y la obtención de declaraciones falsas. Estos señalamientos cobran mayor peso ante el destino de los tres testigos que originalmente presentó la FGE: dos han fallecido y el tercero se encuentra desaparecido.
Samir Flores Soberanes fue asesinado a balazos la madrugada del 20 de febrero de 2019 frente a su domicilio. Era un reconocido opositor al Proyecto Integral Morelos, que incluía la construcción de la termoeléctrica de Huexca, y se había convertido en una voz emblemática de la resistencia comunitaria. Su muerte conmocionó al país y puso en evidencia los conflictos socioambientales en la región.
Con la absolución de Javier ‘N’, el caso queda oficialmente sin un solo detenido, lo que representa un duro revés para la búsqueda de justicia y alimenta las acusaciones de impunidad. La comunidad y organizaciones de derechos humanos exigen ahora una investigación real, independiente y transparente que esclarezca no solo el homicidio, sino también las presuntas irregularidades cometidas por las autoridades ministeriales durante el proceso.