Houston, 15 de abril de 2026.- El juez encargado del caso de Alexandro Rovirosa canceló el proceso este martes en una audiencia celebrada en Houston, Texas, y ordenó la liberación del empresario. El motivo fue la falta de pruebas para sustentar su condena debido a un problema con la traducción del español al inglés de los mensajes en los que hablaba con su socio, Mario Alberto Ávila Lizárraga, sobre las dádivas a pagar para lograr contratos millonarios con Pemex.
El juez registró un documento titulado ‘Memorándum y orden por la que se desestima la acusación y se concede la absolución’. En el escrito, el magistrado señaló que “cuando un traductor está involucrado, el traductor puede convertirse en testigo si la traducción de un idioma extranjero o lengua nativa es necesaria para probar los elementos del delito imputado”.
El expediente demuestra que el Gobierno intencionalmente no llamó a los traductores como testigos. Por lo tanto, “no se le brindó a Rovirosa la oportunidad de contrainterrogarlos antes o durante el juicio”, indicó el documento judicial. La defensa del empresario había alegado previamente que las pruebas fueron traducidas de forma incorrecta y que, al entregarse fuera de los plazos legales, violaban la Cláusula de Confrontación de la Sexta Enmienda de la Constitución estadounidense.
En diciembre pasado, Rovirosa había sido declarado culpable de cuatro cargos de conspiración y prácticas corruptas en el extranjero, con sobornos por 150.000 dólares a tres directivos de Pemex para manipular procesos de licitación. De acuerdo con los documentos del juicio, en los mensajes intervenidos se discutía cuánto debía ser el soborno y se llegaba a prometer que, si les ayudaban a solucionar un problema, recibirían una bolsa Louis Vuitton y un reloj Hublot. Algunas frases señalaban que “debían cumplir el trato” con los funcionarios, y en un intercambio se leía: “Un Hublot como comisión, jaja”.
A pesar de la absolución de Rovirosa, su supuesto socio y también acusado en la misma causa, Ávila Lizárraga, sigue prófugo de la justicia. Ambos son residentes legales en Estados Unidos desde 2016 y fueron acusados de conformar un equipo de corruptores que durante años pagó con dinero, relojes de lujo y viajes a altos cargos de la petrolera mexicana.