Por Redacción
Mexicali, 19 de marzo de 2026.- El juez de control Gerardo Anguiano Ceja determinó la imputación judicial contra Jaime Bonilla Valdez, exgobernador de Baja California, por los delitos de abuso de autoridad, peculado y uso ilícito de atribuciones y facultades, en relación con un proyecto fallido de una planta fotovoltaica que involucra 123 millones de pesos. La resolución judicial se emitió tras una audiencia que duró más de 10 horas, y establece que existen pruebas necesarias para formular la imputación, programando la audiencia de vinculación a proceso para el lunes 23 de marzo a las 9:00 horas en el Centro de Justicia de Mexicali.
La actual gobernadora del estado, Marina del Pilar Ávila Olmeda, señaló que la denuncia se originó por inconsistencias detectadas en los contratos y el proyecto, enfatizando que se trata de un asunto legal y no de una confrontación personal. La investigación se centra en la contratación de la empresa Next Energy durante la administración de Bonilla, donde se cuestiona la retención y regreso de fondos públicos por un monto de 123 millones de pesos.
En su defensa, Jaime Bonilla Valdez mantiene que el estado nunca se comprometió directamente a construir la planta fotovoltaica, argumentando que la responsabilidad recaía en la empresa Next Energy y que únicamente existía una garantía de depósito para cubrir la primera mensualidad. El exfuncionario califica como una “narrativa errónea” las versiones presentadas por la administración actual y los medios de comunicación.
Bonilla cuestiona además por qué no se ha citado a los diputados del Congreso de Baja California que aprobaron la iniciativa del proyecto, sugiriendo que su responsabilidad se limita a haber presentado dicha propuesta legislativa. Hasta el momento, la investigación no detalla los argumentos formales de la defensa más allá de estas declaraciones públicas, ni especifica las pruebas concretas presentadas por la fiscalía que motivaron la decisión del juez.
La audiencia de vinculación a proceso, scheduled para el 23 de marzo, será el siguiente paso crítico en el procedimiento legal donde se decidirá si el exgobernador queda formalmente ligado a proceso por los delitos imputados. El caso mantiene atención en la política local de Baja California debido a las cifras involucradas y la participación de figuras de alto perfil en la administración pública reciente.