Ciudad De México, 28 de marzo de 2026.- El Gobierno de México presentó el viernes 27 de marzo un informe actualizado sobre el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), revelando que 132 mil 534 personas continúan con estatus de desaparecidas al corte del 26 de marzo de 2026. Durante la conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Marcela Figueroa, detallaron los resultados de la revisión exhaustiva de la base de datos histórica que abarca de 1952 a la fecha.
De acuerdo con los datos duros expuestos por las autoridades, el registro histórico acumula 394 mil 645 casos. De este total, se ha logrado localizar a 262 mil 111 personas, lo que representa el 66% de los registros; de las personas ubicadas, el 92% fue encontrado con vida (240 mil 211) y el 8% sin vida (21 mil 900). En el periodo comprendido entre octubre de 2024 y marzo de 2026, se reportó la localización de 31 mil 946 personas.
Marcela Figueroa explicó que de los 132 mil 534 casos vigentes, 130 mil 178 corresponden a desapariciones registradas a partir de 2006, mientras que 2 mil 356 son anteriores a ese año. El informe desglosa la situación de los casos posteriores a 2006 en tres grupos: 46 mil 742 registros (36%) no cuentan con datos suficientes para iniciar una búsqueda efectiva debido a la falta de información básica como nombre completo o fecha de los hechos; 40 mil 308 casos (31%) presentan actividad posterior, de los cuales ya se ubicó a 5 mil 269; y 43 mil 128 registros (33%) tienen datos pero sin actividad reciente, de los cuales solo 3 mil 869 cuentan con carpeta de investigación formalmente abierta.
La titular del SESNSP señaló que muchas de las irregularidades en los registros, como el uso de sobrenombres o ubicaciones ambiguas, obedecen a la falta de criterios legales uniformes antes de la entrada en vigor de la Ley General en Materia de Desaparición el 16 de julio de 2025. La mandataria indicó que el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa será tratado en un reporte separado debido a su complejidad y al compromiso específico con las familias.
Organizaciones no gubernamentales y colectivos de búsqueda han cuestionado la metodología empleada para clasificar los casos y verificar las actividades posteriores, exigiendo mayor transparencia en el proceso. Aunque el gobierno federal enfatizó el trabajo de depuración para dar certeza a los familiares, persisten señalamientos sobre la crisis forense y la alta impunidad en delitos de desaparición, problemas que actores externos consideran no abordados de fondo en las cifras presentadas.