Por Redacción
Boston, 21 de marzo de 2026.- El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó este viernes una demanda federal contra la Universidad de Harvard, acusando a la institución de permitir un entorno hostil para estudiantes judíos e israelíes durante las protestas propalestinas ocurridas en 2023 y 2024. La acción legal, impulsada por la administración del presidente Donald Trump, solicita la recuperación de miles de millones de dólares en subvenciones federales otorgadas a la universidad.
La querella se centra en los incidentes registrados tras el ataque de Hamás a Israel el 7 de octubre, periodo en el que se instaló un campamento antiisraelí en el campus con una duración de 20 días. Según el gobierno, la universidad no tomó medidas suficientes para proteger a los alumnos de origen judío frente a alegatos de acoso y agresión física derivados de las manifestaciones.
Este procedimiento marca la tercera demanda presentada por la administración Trump contra Harvard. Anteriormente, en febrero de 2025, el ejecutivo federal había amenazado con retirar los fondos de investigación, medida que fue bloqueada por un juez en ese momento. La nueva acción judicial retoma la estrategia de condicionar el financiamiento público al cumplimiento de normas de no discriminación.
Las autoridades federales argumentan que la tolerancia institucional hacia las expresiones antiisraelíes configuró un clima de intimidación prohibido por la ley de derechos civiles. La investigación señala que la respuesta de la universidad fue insuficiente ante la presión de los manifestantes y la seguridad de los estudiantes afectados.
La disputa legal pone en riesgo el flujo de recursos federales que históricamente han sostenido la investigación científica y académica en Harvard. El monto exacto de las subvenciones en juego abarca miles de millones de dólares, lo que representa una presión financiera significativa para la institución privada más antigua del país.
Hasta el momento, la Universidad de Harvard ha emitido comunicados institucionales en respuesta a las acusaciones, aunque no se ha detallado su defensa formal ante el tribunal federal de Boston donde se presentó la demanda. El caso reabre el debate sobre los límites de la libertad de expresión en los campus universitarios y la responsabilidad institucional frente a la discriminación.