Por Monserrat Californias
La jueza Lisa Walsh del 11.º Circuito Judicial de Florida dictó este lunes una sentencia histórica contra Genaro García Luna y su esposa Cristina Pereyra, obligándolos a pagar 2 mil 488 millones de dólares al Estado mexicano por un esquema de corrupción y lavado de dinero operado desde el gobierno.
El fallo se emitió por default, es decir, sin juicio, debido a la incomparecencia reiterada de los acusados, quienes no respondieron a la demanda civil presentada desde 2021 por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Según la resolución, García Luna debe restituir 748 millones de dólares, mientras que su esposa afronta una sanción más alta, de mil 740 millones, por su papel clave en la ocultación de fondos.
La UIF documentó un esquema de contratos inflados y desvíos de recursos públicos entre 2012 y 2018, que permitieron transferir más de 580 millones de dólares a cuentas y propiedades en el sur de Florida. La red incluyó empresas fantasma, condominios de lujo y cuentas bancarias utilizadas para blanquear los fondos.
El ex funcionario, encarcelado en Nueva York tras ser hallado culpable de narcotráfico, nunca compareció ante la corte civil de Florida. Pereyra también dejó pasar los plazos, lo que llevó a la jueza Walsh a declarar la admisión de los hechos por omisión. El gobierno mexicano, representado por la UIF, solicitó formalmente una sentencia final en rebeldía, petición que fue aceptada sin oposición por la corte.
Con este fallo, México podrá iniciar el embargo de propiedades identificadas en Florida y en otras jurisdicciones que cooperen con las órdenes judiciales. Algunos de los implicados, como los empresarios Samuel y Alexis Weinberg, aún negocian acuerdos con las autoridades, mientras que otros ya han realizado pagos parciales. La jueza urgió a resolver los pendientes antes de convocar un juicio para los codemandados restantes.
Aunque la UIF enfrenta ahora el reto de recuperar la totalidad de los activos desviados —muchos de ellos ocultos en fideicomisos o revendidos—, la sentencia marca un precedente clave en la lucha contra la corrupción de alto nivel. También destaca el creciente nivel de colaboración judicial entre México y Estados Unidos para rastrear recursos públicos robados y asegurar su restitución.