Por Redacción
La Paz, 30 de julio de 2026.- La Fiscalía de Bolivia ordenó la captura del expresidente Evo Morales (2006-2019), acusado de terrorismo, alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado, así como otros delitos por su presunta implicación en las protestas y bloqueos de carreteras registrados entre mayo y junio para exigir la renuncia del presidente Paz.
La orden fue dictada por el fiscal Brayan Melgar y confirmada a EFE por una persona cercana al exmandatario. A Morales también se le atribuyen los presuntos delitos de atentado contra la seguridad de los medios de transporte, asociación delictuosa, instigación pública a delinquir y atentado contra la seguridad de los servicios públicos.
Durante siete semanas, campesinos de La Paz y la Central Obrera Boliviana (COB) impulsaron bloqueos de vías, principalmente en el occidente y centro del país, con el respaldo de grupos afines a Morales, para exigir la renuncia del presidente Paz como “única demanda”. Estos hechos provocaron desabastecimiento de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal, dejando al menos 16 muertos, 13 de ellos por falta de atención médica oportuna, y ocasionaron pérdidas económicas superiores a 3 mil millones de dólares.
La denuncia fue presentada a principios de julio por líderes cívicos de Santa Cruz, a la que posteriormente se sumó el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo. La acción legal incluye también al máximo dirigente de la COB, Marco Argollo, y al líder de los campesinos de La Paz, Vicente Salazar, quien permanece en detención preventiva desde el 6 de julio por una investigación relacionada con estos mismos hechos.
El expresidente Morales niega haber promovido la renuncia de Paz y sostiene que las movilizaciones buscaban que el Gobierno respondiera a las demandas de los sectores. El 24 de mayo, Morales escribió en la red social X que el mandatario tenía solo “dos caminos” ante los conflictos: “militarizar” el país o llamar a elecciones en los próximos 90 días.
Tras lograr acuerdos con sectores como la COB, Paz decretó el 20 de junio el estado de excepción para levantar los bloqueos, desplegando a la Policía y el Ejército para restablecer la circulación. Morales permanece desde octubre de 2024 en el Trópico de Cochabamba, custodiado por seguidores para evitar el cumplimiento de una orden de captura previa por una investigación de trata agravada de personas, caso en el que un tribunal de Tarija lo declaró en rebeldía en mayo al no presentarse al inicio del juicio.