Ciudad De México, 27 de marzo de 2026.- En medio de la exigencia de claridad por parte de familiares de personas desaparecidas en diversos estados del país, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que esta semana se dará a conocer el registro de personas desaparecidas en México. El anuncio gubernamental coincide con las protestas de madres y colectivos que reportan nulos avances en casos recientes y de larga data.
En Chilpancingo, Guerrero, Margarita Mora Hernández, madre de Heidi Shanik López Mora, denunció que a un mes de los hechos, la Fiscalía General del Estado (FGE) no ha dado respuestas claras sobre las investigaciones. La joven es una de las víctimas recientes que mantiene en alerta a sus familiares, quienes han manifestado su inconformidad ante la falta de información oficial.
Simultáneamente, en Baja California, el fiscal regional de Rosarito, Arturo Mandujano, proporcionó detalles sobre el caso de Eyder Andrés Marín Agudelo. La autoridad indicó que la víctima se comunicó con su expareja para informar sobre un percance y posteriormente confirmó que se encontraba mejor, pero después se perdió la comunicación. Mandujano señaló que hay dos teléfonos localizados, uno parece estar por la carretera Tijuana-Rosarito y otro por la vía Rosarito-Ensenada.
Por otro lado, Adilene Martínez, esposa de Jesús Salvador Ramos Jaime, también desaparecido, expresó su dolor e incertidumbre durante un encuentro con autoridades y medios. “Somos personas honestas… no sé por qué me lo quitaron”, declaró la familiar, quien exige saber el paradero de su esposo sin haber recibido explicaciones sobre los motivos de su sustracción.
En cuanto al histórico “Caso Pirasol”, que involucra la desaparición de más de 30 personas hace 16 años, María de los Ángeles Rodríguez García, vocera del colectivo y hermana de uno de los choferes del autobús desaparecido, continúa liderando las acciones de búsqueda. Mientras tanto, se confirmó que Naomy Geraldine Rojas Cervantes fue localizada y ya se integra con su familia, aunque persisten dudas sobre la desactivación oficial de su ficha de búsqueda.
La situación refleja la complejidad de la crisis de desapariciones en el país, donde coexisten casos con rastros telefónicos recientes y otros con más de una década de antigüedad. La publicación inminente del registro nacional prometida por el Ejecutivo federal es esperada por los colectivos como una herramienta clave para dimensionar la magnitud real del problema y coordinar esfuerzos de búsqueda.