Por Monserrat Californias
Silvia Rocío Delgado García, quien formó parte del equipo legal de Joaquín “El Chapo” Guzmán entre 2016 y 2017, fue electa jueza penal para el Distrito 5 Bravos, con sede en Ciudad Juárez. Con más de 23,000 votos, se ubicó en el segundo lugar entre las candidatas, en una elección con participación local de apenas 11 % y federal cercana al 13 %. Su permanencia en el Poder Judicial está prevista por nueve años, tras recibir la constancia en los próximos días.
La profesional de 51 años, egresada de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, cuenta también con una maestría en amparo y especialidad en mediación. Durante su trayectoria, funge como enlace y revisora de recursos legales en favor del Chapo, incluyendo amparos y gestiones para mejorar sus condiciones carcelarias.
Su elección generó críticas de organizaciones como Defensorxs, que la calificaron de “candidata de alto riesgo” por defender presuntos narcotraficantes. Delgado respondió que su experiencia refuerza su perfil y que su defensa obedeció al derecho legal, no a simpatías criminales. Además aclaró que no atenderá casos de crimen organizado cuando inicie funciones como jueza.
La reforma judicial de Chihuahua, que permitió elegir por voto popular a jueces y magistrados, se efectuó el 1 de junio como parte de una iniciativa impulsada por Morena. Aunque fue presentada como un mecanismo para combatir la corrupción y dar voz ciudadana, el bajo índice de participación y los cuestionamientos a candidatas como Delgado han encendido el debate sobre la idoneidad del nuevo sistema.
Con su nombramiento inminente, Silvia Delgado enfrenta el reto de asumir un cargo judicial tradicional tras su papel como defensora de uno de los capos más célebres del mundo. Su caso será un referente sobre si las elecciones judiciales pueden combinar la rendición de cuentas con garantías de independencia e imparcialidad en Chihuahua y en todo el país.