Lázaro Cárdenas, 26 de marzo de 2026.- Un estudiante de 15 años asesinó a balazos a dos profesoras la mañana del martes 24 de marzo dentro de la preparatoria Antón Makárenko, ubicada en el centro de esta ciudad portuaria. El adolescente, identificado por la Fiscalía General del Estado como Osmar “N”, ingresó al plantel privado armado con un rifle de asalto AR-15 calibre 5.56 y disparó contra Tatiana Madrigal Bedolla, de 37 años, y Mariana del Rosario Sagrero, de 36, quienes fallecieron en el lugar.
De acuerdo con las autoridades estatales, el joven ocultó el arma, valorada en aproximadamente 17,000 pesos, dentro de un estuche para guitarra. Testigos señalaron que antes de entrar a la escuela compró cigarrillos en una tienda adyacente. Una vez en el interior, el agresor atacó primero a la docente que se encontraba en la recepción y posteriormente avanzó hacia la coordinadora académica, quien estaba detrás de un mostrador. Estudiantes y un empleado lograron someter al atacante y lo ataron con una cuerda hasta la llegada de la policía municipal.
El fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña, confirmó que se trata de un ataque directo y precisó que las investigaciones incluyen el análisis de videos de seguridad y publicaciones en redes sociales realizadas por el menor horas antes del crimen. En dichas plataformas, el estudiante difundió un video posando con el mismo fusil y la vestimenta que utilizó durante la agresión. Además, en su perfil de Instagram aparecía contenido asociado a la comunidad “incel” (célibes involuntarios), grupo conocido por discursos misóginos y antifeministas.
La detención del menor ha detonado un debate nacional respecto a las implicaciones legales del caso. Bajo la Ley de Justicia para Adolescentes vigente en México, la sanción máxima aplicable para un imputado de 14 a 15 años es de tres años de internamiento en tratamiento especializado, una pena significativamente menor a los hasta 50 años de prisión que podrían enfrentar adultos por delitos de feminicidio u homicidio calificado.
Ante la gravedad de los hechos, la Secretaría de Educación Pública estatal suspendió las actividades en el plantel y activó protocolos de atención a la comunidad educativa. Mientras la investigación ministerial avanza para determinar el origen del arma y los motivos exactos del ataque, familiares de las víctimas exigen justicia, en un contexto donde la sociedad cuestiona si la legislación actual es suficiente para responder a crímenes de esta magnitud cometidos por menores de edad.