Ciudad De México, 24 de marzo de 2026.- La discusión de la reforma electoral conocida como ‘Plan B’ en el Senado de la República enfrenta un estancamiento debido al rechazo del Partido del Trabajo (PT) respecto a la fecha propuesta para la revocación de mandato presidencial, fijada para junio de 2027. La iniciativa, que busca modificar los artículos 35, 115, 116 y 134 de la Constitución, también propone un tope presupuestal del 0.7% para los congresos locales y la reducción de regidurías municipales, pero su avance legislativo se ha visto frenado por la falta de consenso en la coalición gobernante.
Existen versiones contradictorias sobre el estado actual del dictamen. Mientras que Ignacio Mier Velazco, presidente de la Junta de Coordinación Política, anunció inicialmente que la dictaminación se realizaría este martes 24 de marzo, fuentes parlamentarias indican que el proceso fue postergado hasta después de la Semana Santa. Este retraso responde directamente a la negativa del PT, cuyos líderes consideran que realizar la revocación de mandato simultáneamente con las elecciones legislativas de 2027 beneficiaría electoralmente a Morena, rompiendo la alineación necesaria para aprobar cambios constitucionales.
La divergencia de criterios se extiende a la evaluación de las fuerzas legislativas. Óscar Cantón Zetina ha asegurado que la fuerza oficialista cuenta con los votos necesarios en las comisiones para sacar adelante el proyecto. En contraste, Ricardo Monreal ha señalado que la presidencia es consciente de que podría no alcanzarse la mayoría requerida en el Congreso, reflejando la incertidumbre que prevalece en el recinto legislativo ante la postura de los aliados minoritarios.
En medio del debate político, siete consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) —Arturo Castillo Loza, Carla Humphrey, Martín Faz, Rita Bell López, Jaime Rivera, Dania Ravel y Claudia Zavala— emitieron un posicionamiento para desmentir versiones que atribuían al organismo la autoría o promoción de un documento específico sobre el Plan B. Esta aclaración surge en un contexto donde la oposición, integrada por el PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, ha solicitado formalmente retirar la iniciativa, argumentando preocupaciones sobre el impacto en el sistema de representación y la estabilidad institucional.
El contenido de la propuesta se centra en la austeridad republicana y mecanismos de participación ciudadana. Además del ajuste en la revocación de mandato, el texto establece obligaciones de diagnóstico y ajuste presupuestario para el Senado, contemplando una reducción del 15% real en cuatro años. También se prohíbe la contratación de seguros de ahorro privados con recursos del Estado para servidores públicos, salvo aquellos derivados de leyes o contratos colectivos, buscando eliminar prebendas de la alta burocracia.
La falta de información precisa sobre el número exacto de votos con los que cuenta la mayoría en las comisiones y el pleno, así como la redacción final del dictamen, mantiene en suspenso el calendario legislativo. Las negociaciones continúan sin un resultado concreto sobre el punto de la revocación de mandato, mientras los actores políticos evalúan las consecuencias de aprobar o descartar esta segunda tentativa de reforma electoral tras el fracaso del denominado ‘Plan A’ en la Cámara de Diputados.