Por Redacción
Ciudad de Mexico, 18 de marzo de 2026.- El Congreso de El Salvador aprobó este martes una reforma constitucional que habilita la pena de cadena perpetua, una figura que estaba expresamente prohibida en la Carta Magna del país centroamericano. La modificación al artículo 27 fue impulsada por el presidente Nayib Bukele y su partido Nuevas Ideas, y recibió 61 votos a favor, incluyendo a 59 legisladores oficialistas y aliados, además de dos diputados de oposición. La medida se enmarca en la política de seguridad del gobierno, que mantiene un régimen de excepción desde hace cuatro años para combatir a las pandillas.
El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, celebró la aprobación y afirmó que las acciones emprendidas por la administración de Bukele son “irreversibles”. La reforma constitucional requiere de una mayoría calificada en la Asamblea Legislativa y, tras su aprobación en el pleno, se convierte en parte de la norma suprema del país, aunque no se especificó la fecha exacta de su entrada en vigor.
La iniciativa ha generado un intenso debate entre la narrativa oficial, que la presenta como una herramienta necesaria para enfrentar la criminalidad, y las advertencias de organismos internacionales. Un informe del Grupo Internacional de Expertas y Expertos (GIPES) vinculó las políticas de seguridad del gobierno salvadoreño, ejecutadas durante el prolongado estado de excepción, con posibles crímenes de lesa humanidad.
El presidente Bukele, quien se ha mantenido en el poder tras una polémica reelección, ha justificado históricamente las medidas de mano dura argumentando una drástica reducción en los índices de homicidios. Sin embargo, defensores de derechos humanos y algunas voces opositoras alertan sobre el deterioro del estado de derecho y las garantías fundamentales en el país.
El contexto de la reforma es la persistente batalla contra las maras, que por décadas han controlado territorios y extorsionado a la población. El régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022, ha permitido detenciones masivas y procesos judiciales expeditos, ahora potencialmente ampliados con la amenaza de una condena perpetua.
La aprobación de la cadena perpetua en El Salvador marca un punto de inflexión en el sistema penal de la nación y probablemente intensificará el escrutinio de la comunidad internacional. Se espera que organizaciones como la CIDH y la ONU se pronuncien en las próximas horas, mientras el gobierno de Bukele consolida su modelo de seguridad, alejándose de estándares regionales en materia de derechos humanos.