Por Redacción
Dinamita, 20 de marzo de 2026.- Existencia de discrepancias en el número de personas detenidas marcó el desenlace de un operativo policial realizado el miércoles 18 de marzo en la localidad de Dinamita, Durango, donde confluyeron fuerzas de la Policía Estatal, la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Mientras organizaciones sociales y defensores de derechos humanos elevan la cifra a alrededor de 40 privados de la libertad, la Fiscalía General del Estado confirmó la detención formal de 28 individuos.
El conflicto tiene su origen en el despido injustificado de cuatro trabajadores de la empresa Sotomex, dedicada al transporte de explosivos. El Frente Unido de Pueblos de La Laguna en Defensa de la Vida, el Territorio y el Agua, que mantiene un plantón desde 2017 contra un megaproyecto industrial y en apoyo a los empleados despedidos, fue el objetivo del despliegue de fuerzas. Raúl Vera López y el Frente Unido denunciaron que entre 40 personas fueron privadas de la libertad durante la acción, de las cuales solo se tiene ubicación conocida de ocho al momento de emitir sus comunicados.
Por su parte, la Liga Sindical de la Confección en Nazareno reportó 27 detenciones que calificó como arbitrarias. En contraste, la Fiscalía de Durango, encabezada por Sonia Yadira de la Garza Fragoso, validó la captura de 28 personas. Las autoridades estatales acusaron a los detenidos de la comisión de presuntos delitos de robo, extorsión y bloqueos de vías, contradiciendo la versión del Frente Unido y Vera López, quienes describieron la protesta como pacífica.
La incertidumbre sobre el paradero y el estado de salud de la mayoría de los detenidos ha generado movilización de familiares frente al Palacio de Justicia en Gómez Palacio, donde exigen la liberación de sus seres queridos. Hasta el momento, no se han hecho públicos los nombres completos ni los datos de identificación de las personas retenidas, ni se ha presentado la orden judicial que, según denuncias de los familiares, no existió para justificar las detenciones.
El escenario de tensión involucra a múltiples actores, incluyendo al gobernador Esteban Villegas Villarreal y a la presidenta municipal de Gómez Palacio, Betzabé Martínez Arango. Sin embargo, no se ha registrado una respuesta oficial detallada de estas autoridades estatales ante las acusaciones de represión desproporcionada vertidas por las organizaciones civiles y los defensores de derechos humanos.
La divergencia en las cifras —40 según los denunciantes, 27 para la liga sindical y 28 para la fiscalía— refleja la falta de claridad en el balance oficial del operativo. La situación permanece en espera de que se difunda el estatus legal de los detenidos y se aclaren las circunstancias exactas del despliegue de fuerzas en la región laguna.