Santa Ana, 04 de junio de 2026.- Jamshid Ghomi, director ejecutivo de una empresa tecnológica con sede en Irán, fue detenido este miércoles tras ser acusado en una denuncia penal federal de violar las sanciones estadounidenses contra Irán. Según el Departamento de Justicia (DOJ), Ghomi adquirió sofisticados equipos de redes, seguridad y cifrado de origen estadounidense para clientes iraníes, incluidos los centros nucleares y militares del régimen iraní.
El hombre de 63 años y residente de Newport Coast, California, está acusado de conspiración para violar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA). Ghomi, quien posee nacionalidad estadounidense e iraní, es fundador, propietario y director ejecutivo de Faraz Pardaz Rayaneh Co. Ltd. (FPR), una empresa de redes informáticas con sede en Teherán.
De acuerdo con la investigación, entre 2011 y 2023, Ghomi utilizó cuentas personales de eBay y PayPal, junto con empresas fachada y agentes de transporte de mercancías en los Emiratos Árabes Unidos, para enviar ilegalmente tecnología estadounidense controlada a Irán sin obtener las licencias necesarias de la Oficina de Control de Activos Extranjeros. Las ventas anuales de FPR superaban los 10 millones de dólares y se destinaban a cientos de empresas y entidades gubernamentales iraníes, muchas de ellas sujetas a sanciones.
La denuncia penal federal señala que Ghomi sabía que esta conducta era ilegal y tomó medidas deliberadas para ocultarla. El documento indica que ordenó a sus cómplices en los Emiratos Árabes Unidos que no incluyeran su nombre en la documentación de envío, que omitieran las facturas de los envíos con destino a Irán y, en al menos dos ocasiones, que ocultaran equipos informáticos de origen estadounidense dentro de envíos más grandes.
John A. Eisenberg, fiscal general adjunto para la Seguridad Nacional, declaró que la División de Seguridad Nacional exigirá responsabilidades a quienes violen nuestras leyes para promover las ambiciones nucleares de Irán. Se espera que Ghomi comparezca el jueves 4 de junio ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en Santa Ana, California. De ser declarado culpable, enfrentaría una pena máxima de 20 años de cárcel.