Por Redacción
Ciudad de Mexico, 19 de marzo de 2026.- Un derrumbe ocurrido el pasado 9 de marzo en un inmueble en proceso de demolición en la colonia San Antonio Abad, alcaldía Cuauhtémoc, dejó como saldo tres trabajadores fallecidos y un sobreviviente, quien ahora emprende acciones legales. El incidente expuso un conflicto de atribuciones entre el Gobierno de la Ciudad de México y la alcaldía, así como la existencia de cientos de solicitudes de inspección pendientes.
El sobreviviente, identificado como Ángel Miranda, fue rescatado de los escombros del predio ubicado en San Antonio Abad 124. A través del despacho de abogados Vega Mac Gregor Arellano, Miranda inició un proceso legal contra la empresa a cargo de los trabajos de demolición y contra la propia alcaldía Cuauhtémoc, presuntamente por irregularidades en la supervisión y en la póliza de responsabilidad civil de la obra. La identidad de los tres trabajadores fallecidos y el nombre de la empresa responsable no han sido divulgados oficialmente.
La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, se refirió al caso señalando conflictos en la aplicación de un ‘Acuerdo de Facilidades’ que, según su versión, limitaría las facultades de supervisión de la alcaldía sobre las demoliciones, trasladando esa responsabilidad al Gobierno capitalino. Por su parte, la dirigente del PAN en la CDMX, Luisa Gutiérrez, salió en defensa de la gestión de Rojo de la Vega.
Gutiérrez argumentó que la alcaldía ha cumplido con solicitar las verificaciones de seguridad correspondientes, pero que el Gobierno central no ha dado respuesta a una acumulación de 456 solicitudes de inspección pendientes, registradas entre octubre de 2025 y marzo de 2026. Esta cifra pone en evidencia una posible saturación o deficiencia en el sistema de supervisión de obras y demoliciones en la capital.
El derrumbe también alertó sobre el riesgo que representan otros inmuebles en proceso de demolición, ya que se identificaron al menos 17 construcciones más en condiciones similares que podrían comprometer la seguridad. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) lleva a cabo investigaciones para determinar las causas precisas del colapso y posibles responsabilidades penales.
El caso se enmarca en una pugna política recurrente entre el gobierno central de la ciudad, liderado por Morena, y las alcaldías opositoras, como la Cuauhtémoc, por el control y la aplicación de regulaciones urbanas. Mientras las acciones legales avanzan y se espera el resultado de las pesquisas ministeriales, el incidente ha reavivado el debate sobre la eficacia de los protocolos de seguridad en las demoliciones y la claridad en las atribuciones de las autoridades.